ADC ante el reciente DNU que regula el Sistema de Riesgos del Trabajo

 

El Poder Ejecutivo Nacional introdujo, por Decreto de Necesidad y Urgencia, importantes modificaciones en el sistema normativo de Riesgos del Trabajo. Publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial, el decreto 54/2017 es inconstitucional en tanto no existía ni ‘necesidad’ ni ‘urgencia’ (recordemos, ambas prerrogativas de un DNU por mandato constitucional) que lo justificaran, y de haber existido tales condiciones, el presidente bien podría haber tomado una vía alternativa: convocar a sesiones extraordinarias y no interrumpir el normal proceso de sanción de las leyes, propiciando así un auténtico debate democrático entre los representantes de los amplios sectores sociales alcanzados por la medida. Desde ADC, se objeta por ‘inoportuno’ e ‘inconstitucional’, el mecanismo de puesta en vigencia por decreto de un proyecto de ley que, por cierto, ya había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores.

El DNU firmado por el Presidente Mauricio Macri, establece como “obligatoria y excluyente” la actuación de las ‘Comisiones Médicas Jurisdiccionales’ como “instancia administrativa previa” para el reclamo de un trabajador, con el supuesto objetivo de “reducir la litigiosidad por accidentes laborales”. En lo que hace al tema de fondo, ADC observa que la valla al acceso a la justicia de los trabajadores, sector vulnerable y, por lo tanto, en teoría siempre protegido por la ley, es en la mayoría de los casos un acto sospechoso de inconstitucionalidad. Este tipo de limitaciones, ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en el caso “Castillo” en 2004, fallo que habilitó de hecho que los trabajadores pudieran reclamar en forma directa ante los jueces por sus derechos. El Poder Ejecutivo, sin embargo, insiste con un método que resulta doblemente violatorio de la Constitución, no sólo porque impide el acceso directo a la Justicia, sino también porque coloca en el ámbito del Gobierno Federal (Comisiones del Poder Ejecutivo), la resolución de conflictos que corresponden al Poder Judicial de las provincias, al menos en una suerte de “primera instancia”.

El Gobierno ha de suponer que una Comisión que funcione en su ámbito será más equitativa y justa, y evitará el supuesto vicio del sistema anterior: la colusión de jueces y de abogados ‘caranchos’. Ahora bien, si éste fuera un planteo razonable, supondría un cuestionamiento de la esencia misma de la división de poderes, y de la eficacia del Poder Judicial como un departamento estatal con funcionarios técnicos e imparciales que dirimen los conflictos entre particulares. Cabe entonces la pregunta: ¿por qué suponer que una comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo sería más justa e imparcial que un juez? Esta vía no hace más que abrir la posibilidad de ir sustituyendo a los jueces por comisiones administrativas en otros tipos de conflictos entre particulares, lo que es la negación de la idea base de República sustentada en nuestra propia Constitución.

Entre los argumentos ‘fuertes’ del Poder Ejecutivo, se sostiene que la causa de todos los males del sistema estaría en los jueces y abogados venales. Ahora bien, este sustento no es admisible para avalar el DNU en cuestión: si efectivamente existen sentencias escandalosas producto de pactos defraudatorios entre jueces corruptos y ‘caranchos’, se debe promover la acción penal contra los imputados de esos delitos, y remover a los jueces que incurren en un mal desempeño; y no por ello terminar castigando a los trabajadores, a quienes verdaderamente se los debe proteger.
En síntesis, ADC alerta que la situación no podría ser peor: a un régimen de funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo ya de por sí irregular y con una normativa confusa por remendada, se suma una reforma con objeciones de forma y de fondo, que provocará la judicialización de la normativa de fondo y procedimiento. Planteada en estos términos, la medida, lejos de condecir con el supuesto objetivo de “reducir la litigiosidad por accidentes laborales”, no hará más que alargar los procesos, generar discusiones innecesarias y alejar a los trabajadores de su debida reparación, así como a los jueces de su función primordial, a los empresarios y aseguradoras de la ansiada disminución de costos y a la sociedad de la reducción de los infortunios, el aumento de la prevención y la previsibilidad.
Ante el panorama planteado, se espera que este DNU, por inconstitucional, no supere las instancias previstas para que el Congreso le otorgue plena vigencia. Es así que ADC confía en la pronta revisión de una medida que, en lugar de dar claridad mediante una normativa transparente producto de un debate democrático, suma conflictividad al producir efectos exactamente contrarios a los supuestamente buscados.