ADC ante la iniciativa oficial de bajar la edad de imputabilidad

Ante la iniciativa oficial de convocar a una comisión especial para analizar y confeccionar un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil, la Asociación por los Derechos Civiles celebra que un tema de tal trascendencia social pueda ser analizado por un grupo pluridisciplinario de expertos en la materia.

En este sentido, consideramos de suma importancia la conformación de una comisión que respete las garantías constitucionales de los ciudadanos menores de edad. Es por este motivo, que las solas presencias del responsable del área de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, y de la ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, por parte del Gobierno Nacional, nos alertaría a pensar que cualquier propuesta en estos términos podría carecer de la mirada tuitiva hacia nuestros menores que el asunto necesariamente merece. Perderse en un análisis circunscripto a la cuestión punitiva, sin contemplar el trasfondo social inherente al problema, constituiría una actitud absolutamente irresponsable que, a nuestro entender, el Gobierno debe evitar.

Es nuestra expectativa que la comisión convocada valore aspectos donde no sólo se contemplen cuestiones que hacen a la seguridad ciudadana en sí, sino también a la protección social que el Estado ha de garantizar a nuestros menores. En esta línea, nuestra primera observación es considerar imprescindible que dicha comisión cuente con la participación de la ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley, responsable de velar por la calidad de vida de los menores.

La complejidad del problema no se reduce a una cuestión represiva, o a una decisión meramente etaria, sino a la discusión sobre el funcionamiento de un sistema de fondo, vinculado a la condición de las instituciones y políticas estatales que hacen a la protección, contención y formación de menores, en especial, aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social: el entorno de los actuales institutos de menores y centros de adicciones; la reformulación de las escuelas secundarias, entre otros. Las medidas de prevención social de desgracias como la ocurrida en Flores en vísperas de nochebuena, son cuestiones a tener en consideración a la hora de discutir modificaciones al régimen penal juvenil.

En lo particular, ADC recuerda que, dado el principio de progresividad que recepta la Convención Americana y otros Tratados de Derechos Humanos con rango constitucional, los legisladores no pueden retroceder en la tutela de derechos ya consagrados. Ante tal prerrogativa legal, resulta difícil admitir cualquier cambio que implique modificar el actual marco legal con respecto a la edad de imputabilidad de menores. Ello no significa que no veamos, como se dijo al comienzo, sumamente positivo que una sociedad democrática se entregue a un debate plural de expertos en comisión; pero siempre respetando los principios constitucionales a los que hicimos referencia y a la cuestión social involucrada, con una mirada responsable como Estado, como Gobierno y como Sociedad.