ADC celebra la sentencia judicial que dispone el otorgamiento del título secundario a Alan Rodríguez

El pasado lunes, la jueza Romina Tesone, titular del juzgado 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, resolvió que la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul “extienda a César Alan Rodríguez el correspondiente título oficial de finalización de sus estudios secundarios”, y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires legalice el título, una vez emitido.
Se trata de una larga lucha judicial que viene llevando desde hace más de 3 años Alan César Rodríguez, un joven estudiante con discapacidad, por la certificación que avale la finalización de sus estudios secundarios, tras haber transitado su escolaridad secundaria en aquel instituto de enseñanza privada. El caso recibió gran apoyo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, y en junio de 2016, la Asociación por los Derechos Civiles presentó un Amicus Curiae, con sólidos argumentos basados en la Constitución Nacional y diversos tratados de Derechos Humanos, así como en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El reciente fallo del juzgado se apoya ampliamente en la normativa nacional y cita los tratados internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en la igualdad de condiciones que a los demás”.
En su trayectoria escolar, Alan recibió el apoyo de una maestra integradora y cursó con una currícula adaptada mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), en tanto éste le permitió el tránsito por la escuela secundaria, el aprendizaje en función de los objetivos y metas diseñados de acuerdo a sus necesidades individuales, y su evaluación. Su boletín acredita excelentes calificaciones. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad se negaron a entregarle el título oficial, arguyendo que no había aprobado los contenidos mínimos. Por este motivo, el fallo declara la inconstitucionalidad de la disposición que establece el PPI desarrollado para la trayectoria escolar de Alan, en tanto le impone el cumplimiento de contenidos mínimos de la “currícula regular” como requisito para la certificación. Esto le quita al PPI el carácter de terminalidad, al privarlo de la emisión de título oficial. Al respecto, el fallo hace alusión al dictamen del INADI:

“Resulta necesario recordar que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece en su artículo 29 que la Educación Secundaria es obligatoria. Motivo por el cual, no resulta lógico que un PPI sea confeccionado sin que su finalidad última sea la de concluir el nivel secundario, aprobando la totalidad de los contenidos básicos, y así acceder a un título oficial. (…) La educación inclusiva y la igualdad de oportunidades implican, en casos como el de marras, que la persona pueda acceder no solo a los contenidos de la currícula, sino también a un título que, de acuerdo a la normativa vigente, lo habilite a avanzar en su desarrollo educacional y profesional. De no ser así, la finalidad se vería desvirtuada.” (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. Dictamen 656-15, fs. 173 vta. y 175)

Desde ADC, celebramos la sentencia de la jueza Romina Tesone en favor del derecho a la educación de Alan Rodríguez, y sostenemos que ésta sienta un importante precedente en materia de educación para las personas con discapacidad.
La Asociación por los Derechos Civiles trabaja desde hace años en la promoción del derecho a la educación de las personas con discapacidad, tanto desde el litigio de interés público, como desde el monitoreo de la normativa sobre el tema y su aplicación; asimismo, viene llevando adelante una intensa campaña de difusión y concientización social. Toda nuestra labor puede ser consultada en www.educacion-inclusiva.com.ar

Link para descargar la sentencia completa: Sentencia Alan Rodríguez

Alan Rodriguez