ADC en defensa de los DD.HH. en la era digital: el rol del cifrado

Se sabe, Internet va en aumento: hoy, más de 3.000 millones de personas tienen acceso a Internet; y en Argentina, cerca de 33 millones, es decir, el 80% de su población, son usuarias activas de la red. Sin embargo, esta enorme generación de información, puede implicar serios riesgos: nuestros datos personales se encuentran en constante peligro de robo y espionaje, ya sea por obra de criminales que extorsionan a individuos en busca de dinero, o violan servidores del sector privado, ya sea por obra de los propios gobiernos y empresas que espían ciudadanos y usuarios.

Parece ser que la información no es sólo nuestra: el Estado, las agencias y dependencias gubernamentales, las empresas, las instituciones y las distintas organizaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, almacenan nuestra información en bases de datos y computadoras conectadas a Internet.

El constante uso de nuestros smartphones, notebooks, tablets y un sinfín de objetos conectados a la nube (automóviles, relojes, televisores, tostadoras, lavarropas, hornos, cuya interconexión conforma la llamada ‘Internet de las Cosas’), generan un inmenso flujo de datos, en el que a su vez, se reflejan nuestros consumos, nuestros gustos musicales y de entretenimiento, nuestras creencias y orientación política, en fin, nuestra vida privada. Así, estos cruces de datos se van convirtiendo en una suerte de representación digital de nuestra personalidad, de nuestra identidad como individuos: los dispositivos que los almacenan se vuelven una verdadera extensión de nuestra mente.

Frente a este panorama, el cifrado es una herramienta esencial para proteger nuestra información y nuestra integridad física, y a la vez resguardar y potenciar nuestro goce y ejercicio de los derechos humanos en la era digital. Pero, ¿qué es el ‘cifrado’? Es el proceso a través del cual, mediante algoritmos matemáticos, se codifica el contenido de cualquier información –mensajes, fotografías, llamadas, videos- asegurándolo para que tan solo pueda ser accesible por su dueño o sus destinatarios específicos. Se trata de una tecnología que ayuda a mantener segura nuestra información y permite crear una zona de privacidad para proteger nuestras opiniones y creencias, ejercer la libre expresión, evitar injerencias y ataques de terceros, el cibercrimen y los abusos de gobiernos alrededor del mundo.

Sin embargo, en los últimos años, a medida que se ha ido abaratando el costo del desarrollo tecnológico de herramientas de vigilancia, países como Estados Unidos y el Reino Unido han puesto en funcionamiento sistemas de vigilancia masiva indiscriminada. Algunos países, han aprobado leyes e implementado regulaciones que limitan o prohíben el uso de herramientas de cifrado, o incluso se han popularizado prácticas que ponen en riesgo a la ciudadanía y generan precedentes fuertemente arraigados en la cultura judicial: en Reino Unido, Francia, y España, el gobierno puede solicitar a las compañías las llaves privadas para descifrar la información; o en países como “Pakistán, India y Cuba prohíben el cifrado, restringen la fuerza del cifrado legal a los niveles establecidos por el gobierno, o exigen a las personas que soliciten autorización para utilizar cifrado”, denuncia Amnistía Internacional. Muchos gobiernos aluden a una supuesta pérdida de su capacidad de investigación para prevenir e investigar actividades delictivas, como terrorismo, narcotráfico, trata de personas o secuestros por las protecciones y garantías a la privacidad que conlleva el cifrado.

En este contexto, a comienzos de 2016, la organización internacional Access Now lanzó una coalición global, integrada por ADC, con el fin de instar a los gobiernos alrededor del mundo a proteger y potenciar el desarrollo del cifrado y tecnologías derivadas, bajo el lema “Seguridad para todos”. ADC sostiene que esta tecnología es uno de los pilares fundamentales para el pleno desarrollo de una sociedad libre y democrática. Es así como desde el área de Privacidad y Libertad de Expresión, se comenzó a investigar sobre el uso del cifrado en Argentina, en donde la Constitución Nacional consagra las bases del respeto a la privacidad de los individuos, y los principales derechos que se encuentran vinculados con el cifrado. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012, afirmó que los mismos derechos que las personas tienen offline también deben ser protegidos online, en particular la libertad de expresión y la privacidad.

El informe “Defendiendo los derechos humanos en la era digital: el rol del cifrado”, elaborado por Leandro Ucciferri (abogado e investigador de las Áreas de Privacidad y Libertad de Expresión de ADC), analiza el uso de esta herramienta en la actualidad, como garantía para el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales, tales como la privacidad, la libertad de expresión y opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y asociación, derechos todos que, gracias al cifrado, pueden ser ejercidos plenamente en armonía con las tecnologías que a diario son desarrolladas e implementadas.

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