ADC presentó un escrito para reducir la feria y ampliar el horario del Poder Judicial

Desde la Asociación por los Derechos Civiles presentamos un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y el Consejo de la Magistratura requiriendo a las autoridades que se elimine o, en todo caso, se reduzca sustancialmente la excesiva feria judicial que beneficia a este poder del Estado; y, a su vez, que se amplíe el horario de funcionamiento de los juzgados nacionales de seis a ocho horas laborales.

La petición de ADC apunta a todos los fueros de la Justicia Nacional, si bien el pedido reviste un carácter de especial urgencia para aquellos en los que se investigan delitos y se dirimen contiendas que afectan los derechos alimentarios, de personas con discapacidad, de menores, de trabajadores, de migrantes y de concursos y quiebras.

Según establece el Reglamento para la Justicia Nacional, los tribunales nacionales interrumpen su funcionamiento durante todo el mes de enero y durante dos semanas en el mes de julio, así como prescribe que el horario laboral sea de un mínimo de seis horas diarias. A nuestro entender, la normativa está en grave conflicto con pautas constitucionales y Pactos Internacionales suscritos por Argentina, que aseguran a los habitantes de este país el derecho al acceso permanente a la Justicia y a la resolución de las controversias y procesos judiciales en un plazo razonable.

Desde ADC, no reconocemos beneficio alguno para sostener la continuidad de una práctica que, dicho sea de paso, no se da en los otros ámbitos del Estado: en ninguna de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus entes descentralizados, se verifica una feria tan prolongada; mientras para el Poder Legislativo, el período de sesiones está limitado por la Constitución.

Es claro que el aumento de los días de funcionamiento del servicio de Justicia, de suyo, acelerará los procesos judiciales. Si su duración depende íntegramente de la actividad de las partes y del órgano jurisdiccional, de contar con un mes y medio más de actividad por año, y horarios más extensos, el tiempo de duración del proceso disminuirá. Se reducirá no sólo en causas contenciosas, sino también para procesos penales, donde la suspensión de actividad resulta una afectación al derecho de la sociedad de conocer la verdad, velar por el castigo del culpable y, a su vez, al derecho del imputado de que su situación sea resuelta en el menor plazo posible.

Si bien es cierto que durante la feria judicial se mantienen jueces para atender las situaciones urgentes, la jurisprudencia es muy restrictiva en la habilitación de feria, lo que es comprensible en tanto sería imposible que un tribunal absorbiera la actividad de todos los otros en simultáneo durante el período de feria.

Entendemos que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de ‘Acceso a la Justicia para todos los ciudadanos’; así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, que la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución y todos los derechos que de ella se derivan. Es hora de abogar por cambiar esta situación.