Carta pública al Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la CSJN, por la creación de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC).

El día 1 de marzo de 2016, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) envió una carta pública al Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestando sus comentarios respecto a la acordada 2/2016, que dispuso la creación de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC).

En la misiva, ADC hizo referencia a la necesidad de respetar la garantía del debido proceso en la realización de las interceptaciones de comunicaciones. En ese sentido, se hizo hincapié en la conveniencia de despejar confusiones respecto al lenguaje utilizado en la acordada y remarcar el principio de que toda intervención de la comunicación debe ser autorizada por una autoridad judicial competente.

Asimismo, se recalcó la importancia de promover la democratización de los órganos de vigilancia de nuestras comunicaciones, a través de mecanismos que impulsen la participación de organismos de la sociedad civil, académicos o expertos en la materia.

A continuación, se transcribe la Carta Pública.

 

De nuestra mayor consideración:

Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con motivo de hacerle llegar nuestras reflexiones sobre la acordada 2/2016, que dispuso la creación de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC), en cuanto creemos necesario manifestar nuestra preocupación respecto a las garantías constitucionales que están involucradas en la interceptación y captación de las comunicaciones.

Al momento de establecer el objetivo del nuevo organismo, la acordada indica que será “dar trámite al cumplimiento de las medidas referentes a la interceptación o captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal”. Consideramos que al constituir el requerimiento un acto procesal propio de los fiscales, la ambigua redacción de la frase podría dar lugar a la interpretación de que el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de solicitar directamente a la DCC la intervención de una determinada comunicación, sin la necesidad de obtener una orden judicial previa. No obstante, una interpretación respetuosa de las garantía del debido proceso nos lleva a suponer que cuando la acordada habla de requerimiento del Ministerio Público Fiscal, únicamente se podría referir al supuesto excepcional del delito de secuestro, debiendo para el resto de los casos ser necesaria una autorización judicial previa.

Por otro lado, y al ser la nuestra una organización cuyo fin es la defensa de los derechos de los ciudadanos, debemos hacer referencia a la necesidad de implementar mecanismos de participación de la sociedad civil, académicos y otros expertos en la materia, proceso que comenzó con el dictado de la Resolución PGN 2067/2015 y que entendemos indispensable para la tan dilatada “democratización” de los órganos facultados a vigilar nuestras comunicaciones.

Al respecto, debemos hacer referencia a los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones,[1] en particular al principio de supervisión pública, el cual establece que los estados deberían “establecer mecanismos independientes de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la Vigilancia de las Comunicaciones”.

En el caso de la interceptación y/o captación de comunicaciones propiamente dicha, los derechos que podrían verse potencialmente afectados son, entre otros, el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. De esta manera, para un correcto desarrollo de la investigación penal, el fiscal debe obtener la autorización judicial para poder intervenir o captar una comunicación, ya que es el juez el encargado de determinar y controlar que la pesquisa se realice con respeto a la legalidad. En este sentido, debemos hacer referencia nuevamente a los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, que indican los estándares necesarios para evaluar si las prácticas de vigilancia estatales se corresponden con los derechos humanos. Entre dichos principios, figura la necesidad de que “las decisiones relacionadas con la Vigilancia de las Comunicaciones deben ser realizadas por una autoridad judicial competente que sea imparcial e independiente”.

Esta situación ha sido reconocida por el propio decreto de traspaso, que establece que el nuevo organismo será encargado de “ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente” (el resaltado es propio). Además, este principio ha sido refrendado por la misma acordada, que hace expresa mención de esta disposición en el considerando II. Por esta razón, creemos que debería reformularse el lenguaje utilizado en la acordada, ya que puede llevar a confusiones en este sentido.

Por otra parte, consideramos también fundamental destacar algunas cuestiones que hacen al ámbito tecnológico del funcionamiento de la DCC. En el punto C en el apartado de los objetivos, se habla sobre “Minería de datos”. Nos llama la atención la introducción de este término que hasta el momento no era utilizado por la DICOM, el MPF o incluso la ex-DOJ. En la acordada se establece que “se buscará actualizar la modalidad”, lo que da a entender que la minería de datos ya era utilizada. En este sentido, consideramos que sería pertinente una aclaración precisa al respecto.

A su vez, se determina que se hará hincapié en establecer a la minería de datos como un método alternativo de colaboración con los operadores jurídicos, con el fin de extraer información de bases de datos para ser usada en el proceso judicial. Este punto merece una reflexión profunda, puesto que si el órgano encargado de interceptar comunicaciones ha generado una base de datos que puede ser “minada”, los ciudadanos deberían conocer los detalles de la misma. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de información almacena? ¿Cómo es recabada? ¿Existen procedimientos de depuración de información que evalúe la legalidad de su retención? ¿Existen garantías en línea con lo que establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales?

La introducción del concepto de minería de datos nos resulta en este sentido muy reveladora: da cuenta de prácticas que sospechamos existen pero que no están adecuadamente reguladas en ninguna de las normas, de cualquier nivel, que regulan una actividad del Estado que por definición viola derechos de los ciudadanos.

Respecto a la actualización de la tecnología disponible y la incorporación de métodos alternativos de intervención, como lo mencionó la ADC en su informe titulado “Educar para vigilar”,[2] la DICOM se encontraba en un estado precario respecto de la tecnología disponible para la realización de sus tareas, ya que los dispositivos a su alcance habían sido heredados de la época de la ex-SIDE. Para afrontar este panorama se había creado el Equipo de Desarrollo Tecnológico, formado por miembros de distintas instituciones del sector técnico, con el fin de crear tecnología nacional que responda a las necesidades específicas del organismo. En este sentido, entendemos de suma relevancia que se determine cuál será el futuro de esta iniciativa, en particular si formará o no parte de la DCC.

Consideramos de máxima importancia que la Corte tome todas las cautelas que considere necesarias para evitar que, en el afán de actualizar la tecnología con la que cuenta la DCC, se opte por la adquisición de hardware o software contrarios a la previsión normativa vigente para los métodos de investigación delictual, la protección de los datos personales, así como los estándares de derechos humanos vinculados a la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

A este respecto, vemos la necesidad de que las medidas de interceptación de comunicaciones sean objeto de un debate serio y participativo, con una profunda colaboración de la sociedad civil, y abierto a la comunidad cuyas comunicaciones se ven amenazadas por esta práctica estatal. Lamentablemente, el tipo de regulaciones a través de las cuales se están implementando estos cambios no permiten el debate profundo que sí podría lograrse a través del proceso legislativo. Sin embargo, incluso manteniendo regulaciones de este nivel normativo, es posible pensar en mecanismos -por ejemplo, audiencias públicas-, para resaltar problemas y encontrar soluciones respetuosas del estado de derecho.

Nuevamente, resaltamos la vital relevancia de que toda la actividad de la Dirección de Captación de las Comunicaciones esté regida por los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. En este sentido, entendemos como una gran oportunidad para su implementación, la futura capacitación que recibirán los empleados de la DCC, marco ideal para que el organismo comience su funcionamiento bajo una mirada respetuosa de los derechos humanos.

Sin otro particular, nos despedimos respetuosamente.

 

Torcuato Sozio

Director Ejecutivo

Asociación por los Derechos Civiles