ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ADC trabaja por la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública y una política en la materia que respete los estándares internacionales.

El derecho de Acceso a la Información Pública es el que posibilita a los ciudadanos investigar los problemas de la comunidad, realizar un efectivo control sobre sus gobernantes, exigir a sus funcionarios una trasparente rendición de cuentas y participar en la vida política del Estado. Es requisito indispensable para la lucha contra la corrupción. Sin libre acceso a la información, no hay real democracia.

La Argentina es uno de los 4 países de América Latina que aún no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. La limitación que esta situación plantea al ejercicio pleno de una verdadera democracia ha motivado que, de manera constante, ADC promueva la sanción de una Ley de Acceso a la Información de la ciudadanía a nivel nacional, a través de distintas acciones de incidencia y de seguimiento de la discusión acerca de esta temática, así como la efectiva implementación de una política de acceso a la información que respete los estándares internacionales y garantice el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información de organismos de los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal o de privados que manejen recursos públicos. ADC se ha valido ampliamente del litigio de interés público para defender este derecho, logrando importantes fallos de la Corte Suprema de Justicia y de otros tribunales, que significan jurisprudencia fundamental en esta materia. En diciembre de 2012, por primera vez, la Corte reconoció el Derecho a la Información en un caso iniciado por la ADC contra PAMI (organismo estatal que brinda asistencia médica, social y asistencial a los adultos mayores) para acceder a información sobre la distribución de la publicidad oficial de ese organismo. El tribunal consideró que negar información pública constituye una restricción “severa” de este derecho fundamental, ordenando la entrega de los datos solicitados. En marzo de 2014, la Corte ratificó este derecho, resolviendo a favor del acceso a la información pública en un caso llevado adelante por ADC como patrocinante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). El caso planteaba el acceso a los padrones de beneficiarios de planes sociales, acceso rechazado con la argumentación de que era información sensible que afectaba a grupos vulnerables. El tribunal señaló que “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”. Además, pidió la sanción urgente de una Ley de Acceso a la Información Pública.

Nuevamente, en julio de 2015, se logra un fallo favorable, esta vez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal, que decidió en favor de ADC, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, en una acción de amparo iniciada en febrero por la falta de respuesta a una serie de pedidos de información pública realizados el 11 de agosto de 2014 a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación. Ambas Cámaras se habían negado a proveer información sobre empleados contratados como planta permanente y transitoria, montos asignados a cada uno de los bloques, becas y subsidios entregados por diputados nacionales. Este fallo judicial se sustenta en los dos casos, el de PAMI y el de CIPPEC, fallados favorablemente por la Corte Suprema.

La Agenda de ADC en esta materia incluye el monitoreo del funcionamiento del acceso a la información no sólo a nivel nacional, sino también provincial, ya que las restricciones al ejercicio de este derecho pueden llegar incluso por la vía reglamentaria. Así ocurre con el Decreto 5081/2014, emitido por el Ejecutivo de la provincia de Jujuy en 2014 y recién publicado en 2015, que ha merecido varios cuestionamientos de parte de ADC, puesto que restringe de manera indebida el acceso a la información pública y lo hace a través de cambios producidos por vía reglamentaria, lo que viola el principio de legalidad que la CIDH ha reconocido como requisito fundamental para la reglamentación de derechos fundamentales.

De cara a fortalecer los estándares normativos y jurisprudenciales en la materia, ADC participa en distintas iniciativas con otras organizaciones de visiones coincidentes.  En 2015, estas articularon una acción para que el tema sea incluido en la agenda pública: la Plataforma “Agenda de Transparencia”, una selección de 12 propuestas de políticas públicas orientadas, principalmente, al fortalecimiento del sistema democrático y a la necesidad de consolidar instrumentos que mejoren la rendición de cuentas hacia los ciudadanos. Esta acción se suma a la Campaña “Saber es un Derecho, que ahora sea Ley”, realizada en 2010. Con el objetivo de impulsar el debate en el seno del Congreso, ADC integró el grupo que identificó los estándares mínimos que debería cumplir una futura norma y creó un sitio web para sumar adhesiones de toda la comunidad.

En el orden regional, el trabajo en red con la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información permite a ADC, desde el conocimiento especializado, aportar a la reflexión y a la incidencia por una ley de acceso a la información pública. Desde hace algunos años ADC, como único miembro por Argentina, elabora el capítulo referido a Argentina para los Informes Artículo XIII (sobre Libertad de Expresión) y Saber Más (un Informe regional anual que la Alianza publica y difunde desde hace siete años). Su objetivo es recoger la diversidad de opiniones de los miembros que integran la red en base a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del derecho de acceso a la información pública. La entrega de este Informe incluye una visión actualizada del estado de la normativa de acceso a la información en cada uno de los países considerados y una visión de los principales desafíos y oportunidades existentes. Por último, el ingreso de Argentina en la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) en 2012, dio lugar a que la ADC se integre al Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto del Foro de la Agenda Digital Argentina. Sin embargo, a pesar de la existencia de este grupo de trabajo, no existe un espacio real de co-creación de políticas públicas y compromisos junto a la sociedad civil, de modo horizontal. El trabajo de la ADC durante 2015 en este ámbito, se centró en aportar a la elaboración de los Puntos para una Agenda de Compromiso y exigir que se revierta esta situación adecuándola a las propuestas de la “Agenda de Transparencia” acordada con otras organizaciones civiles.

En abril de 2016, ante la noticia de que el Poder Ejecutivo había enviado un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública al Congreso para su tratamiento, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando junto a ADC desde hace más de una década para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, pudieron celebrar la decisión del poder ejecutivo nacional. Sin embargo, tras no haber existido una instancia de participación de los referentes de la sociedad civil que trabajan esta temática, se gestó una serie de actividades conjuntas entre ADC y organizaciones como ACIJ, FOPEA, Directorio Legislativo, Data Concepción, Fundación Conocimiento Abierto, Poder Ciudadano que consistió, entre otras cosas, en:

El pasado 18 de mayo, fue tratada la Ley de Acceso a la Información Pública en la Cámara de diputados, obteniendo la misma media sanción. Las OSC que luchan por este derecho fundamental de los ciudadanos festejaron este avance significativo, quedando a la espera de su sanción definitiva.