EDUCACIÓN INCLUSIVA

Para que los niños con discapacidad puedan acceder a una educación pública, gratuita e inclusiva.

 
 
 
 
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A la ratificación en 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con rango constitucional a partir de 2014, se sumó la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, que también recepta el principio de la inclusión educativa. El conjunto de las disposiciones contenidas en estas normas, impone a las autoridades educativas nacionales y provinciales el deber de desarrollar una política educativa que promueva la eliminación de las barreras existentes y garantice el derecho a la educación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad aún encuentran en Argentina un sinnúmero de barreras que les impiden ejercer su derecho a la educación inclusiva.

Desde 2011, la ADC se ha abocado a monitorear la implementación de la Convención (CDPD) en materia de educación inclusiva y a sugerir estrategias para asegurar el ejercicio de este derecho, trabajando en conjunto con el Grupo Artículo 24, así denominado en referencia a los derechos reconocidos en el Artículo 24 de la Convención. Es una coalición de más de 100 organizaciones argentinas que busca garantizar el goce del ejercicio del derecho a la educación para todas las personas, con énfasis central en las personas con discapacidad.

Durante 2015, en colaboración con el Grupo Artículo 24, la ADC trabajó en:

• Campaña a través de la plataforma web www.encuestaeducacioninclusiva.org por la que se indagó si los distintos partidos políticos y, en particular, si los/as candidatos/as presidenciales y legislativos/as estaban informados sobre el derecho a la educación inclusiva y planeaban o no incorporar su exigibilidad en las políticas públicas y proyectos de ley futuros. Estos datos fueron sistematizados y difundidos a la comunidad a través de las redes sociales con posterioridad a los debates presidenciales. De las respuestas surge que los/as candidatos/as conocen la situación educativa de las personas con discapacidad, planean adoptar medidas para que las personas con discapacidad accedan a una educación de calidad en escuelas comunes y se comprometen a garantizar el derecho a la educación inclusiva. Las próximas acciones de ADC consistirán, entonces, en monitorear la materialización de estas expresiones en políticas públicas en la materia.

•Plataforma virtual para la difusión de la Educación Inclusiva www.educacion-inclusiva.com.ar . Esta Plataforma proporciona información sobre la normativa vigente y brinda materiales para padres y personas interesadas en conocer los derechos de los niños y niñas con discapacidad a tener una educación inclusiva y de calidad.

• Manual para Familias: destinado a informar a las familias sobre sus derechos, las posibles barreras que se pueden encontrar en las escuelas que no tienen intención de incluir a personas con discapacidad y los posibles remedios que surgen de la normativa vigente.

•Manual para Periodistas: otorga herramientas a los/as periodistas para el abordaje de cuestiones de discapacidad. Dicho Manual fue redactado por la periodista ciega, Verónica González Bonet, integrante de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), y presentado en el marco del congreso llevado a cabo por FOPEA (Foro de Periodistas Argentinos).

Fundamental para la incidencia y la concientización en relación con la educación inclusiva, ha sido el Litigio de Interés Público, herramienta de intervención esencial en la estrategia de la ADC.

En noviembre de 2015, la ADC pudo celebrar el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Emiliano Naranjo, patrocinado por ADC, en el que la Corte brindó una sentencia sobre la base del derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación.

El caso de Emiliano Naranjo se inició en 2007. En ese año, Naranjo, joven con discapacidad motriz, obtuvo su título de Licenciado en Educación Física en la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), institución que posteriormente le niega su ingreso al Profesorado Universitario. Naranjo, asistido por ADC, presentó una acción de amparo y un pedido de medida cautelar, que fue concedido en abril del mismo año 2007. La UNLaM apeló. El caso fue recibiendo sentencia favorable en distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte, que reconoció el derecho de Emiliano Naranjo a cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, obligando a la UNLaM a adecuar los métodos de evaluación a efectos de que Emiliano pueda transitar su carrera universitaria en pie de igualdad con sus compañeros/as.

Se espera lograr fallos también favorables en otras causas iniciadas, iniciadas en conjunto con otras asociaciones, como la que se lleva adelante contra el Ministerio de Educación de la Nación, exigiendo la producción de datos sobre la población de personas con discapacidad, tanto en escuelas especiales como en escuelas comunes, con los que no se cuenta en la actualidad. En dicho caso, aún no se ha dictado sentencia.

A fin de trabajar con otras asociaciones de América Latina, la ADC se integró a la “Red Regional por la Educación Inclusiva-Latinoamérica”, lanzada en octubre de 2015 http://acij.org.ar/educacioninclusiva/quienes-somos/

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