INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA JUDICIAL

Una Justicia sólida y confiable podrá garantizar mejor nuestros derechos y hacer frente al flagelo de la corrupción

La administración de justicia es el pilar fundamental del Estado de Derecho. Es a través de la Justicia que se tutelan todos los derechos del conjunto de la ciudadanía y es el Poder Judicial el órgano responsable de materializar la defensa de esos derechos.

Desde la misma creación de la asociación en 1995, la ADC viene trabajando en el fortalecimiento del sistema judicial, siempre aportando medidas concretas con las que profundizar su accionar en este sentido, ya que estamos convencidos que una verdadera democracia requiere de un sistema judicial independiente y transparente.

Los cambios políticos y normativos de los últimos años nos plantearon sucesivos desafíos, generando la necesidad de centrar nuestro trabajo en el seguimiento de algunas cuestiones fundamentales: el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, responsable de los mecanismos de selección y remoción de los jueces, la consolidación de la legitimidad y del papel institucional de la Corte Suprema en el sistema político y, muy particularmente, el fortalecimiento de la Justicia en la lucha contra la corrupción.

Debe tenerse en cuenta que el Poder Judicial es un actor clave en esta lucha. Los logros que alcance redundarán en la mejora del uso de los recursos públicos y en la calidad de las políticas públicas. De hecho, los jueces intervienen cada vez con mayor frecuencia para reparar o mitigar las falencias del Estado, mejorando el acceso de grupos vulnerables a derechos relacionados con la salud, educación, servicios públicos y vivienda.

Por otra parte, en nuestro país también se observa un escaso avance en materia de control patrimonial de los integrantes del Poder Judicial, siendo que este Poder del Estado tiene funciones que van más allá de la simple resolución de conflictos. Su intervención en el sistema político es profunda, influyendo en el vínculo entre el Estado y la ciudadanía y en las relaciones entre los distintos actores sociales.

Dada, entonces, la importancia del Poder Judicial en términos políticos e institucionales, se impone llevar adelante reformas de transparencia y de acceso a la información pública que no sólo contribuirán a mejorar su funcionamiento, sino que potenciarán su legitimidad y su autoridad frente a otros actores políticos y a la ciudadanía, favoreciendo la construcción de una gobernabilidad incluyente.

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos  la ADC se encuentra promoviendo:

  • la regulación del acceso a información pública en el Poder Judicial,
  • la elaboración de estadísticas judiciales integrales en materia de corrupción,
  • la creación de Unidad para el Apoyo y Seguimiento a los Juicios por Corrupción,
  • el debate público sobre la importancia de normar la conducta ética de los magistrados,
  • la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces.