PARTO SIN DOLOR EN HOSPITALES PÚBLICOS

Es un acto de violencia obstétrica la imposibilidad de brindar anestesia a las mujeres en el proceso de parto.

                           Durante el proceso de parto natural puede no usarte anestesia y eso no implica, en principio, un acto de violencia obstétrica.

Por el contrario, se considera un acto de violencia obstétrica el suministrar medicación sin justificación. Sin embargo, la imposibilidad de contar con el suministro de anestesia cuando se lo requiere, para atenuar el proceso de dolor por el que atraviesan las mujeres en estado de pre-parto y parto, trae consecuencias sobre las decisiones futuras de procreación de las mujeres.

La anestesia epidural consiste en un anestésico local indicado para el trabajo de parto ya que permite que la madre no sienta dolor pero sí pueda sentir presión y empujar con las contracciones. Según diversos estudios médicos, la epidural es un método seguro para aliviar el dolor en el trabajo para dar a luz. El parto natural puede hacerse con anestesia (epidural o de otro tipo) o sin ella, según decisión del obstetra en conjunto con la madre. Aunque la magnitud de dolor en el parto depende de cada situación particular, la intensidad de las contracciones, el tamaño del bebé, su posición, el miedo al dolor de la madre, entre otros factores, juegan un papel importante.

Tal como se afirma en el manual The Role of Anesthesiology in Global Health: A Comprehensive Guide, “el desarrollo sanitario y socioeconómico de cualquier país depende del bienestar de la mujer. Aun así, todavía hoy es usual la muerte durante el parto a causa de condiciones tratables, tan solo porque no se tiene acceso a los más básicos de los cuidados quirúrgicos, prequirúrgicos y posquirúrgicos, como la anestesia. […] El acceso al control del dolor es un derecho humano”.[1] Por ello, muchos líderes mundiales en la cuestión del control del dolor han señalado en repetidas ocasiones que “un control inadecuado del dolor es una violación de derechos humanos”.[2]

La Declaración de Montreal de la Asociación Internacional para el Estudio Dolor (IASP, por sus siglas en inglés),[3] suscripta entre otras entidades por la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, establece:

– El derecho de todas las personas a tener acceso al alivio del dolor sin discriminación alguna.

– El derecho de todas las personas con dolor a que su padecimiento sea reconocido y a que se las informe respecto de cómo puede ser evaluado y tratado.

– El derecho de las personas con dolor a tener acceso a una evaluación y un tratamiento apropiados, a cargo de personal de la salud adecuadamente entrenado.

 

La Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos (WFSA, por sus siglas en inglés), de la cual es miembro la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR), por su parte, tiene como mandato “mantener los más elevados estándares de anestesia, medicina del dolor, atención del trauma, resucitación, cuidado prequirúrgico y medicina crítica en beneficio de todos los pueblos del mundo, y abogar por la mejora en el área de alivio del dolor”.[4]

Se puede argumentar, entonces, que “la falta de provisión de alivio cuando se encuentra disponible es una forma de abandono. En casos extremos puede considerárselo una ‘tortura por omisión’. […] El dolor no tratado es contrario al derecho del paciente a determinar el modo en que cuida de su salud y puede, si es severo, destruir su autonomía.”[5]

Una de las más preocupantes aristas de esta problemática es la del aumento del número de cesáreas. De acuerdo con estudios internacionales, la Argentina tiene una de las tasas de cesáreas más elevadas del mundo (35,2% del total de partos del país para el año 2008).  Que en la Argentina se pueda defender la no administración de anestesia peridural como parte de una iniciativa contra la medicalización excesiva del parto mientras que se duplica la tasa de cesáreas recomendada por la Organización Mundial de la Salud resulta, al menos, en un grave desajuste de prioridades y, más francamente, en una absoluta incomprensión de lo que significa la autonomía de la mujer. Para propender a la autonomía femenina hay que informar a la mujer respecto de sus distintas alternativas y de los posibles costos y beneficios que involucra cada una.

Ante este panorama, la Asociación por los Derechos Civiles ha decidido intervenir, con el fin de conocer con mayor profundidad el funcionamiento del sistema público de salud obstetricia, haciendo foco en el relevamiento de los servicios de obstetricia. Para esto, ha solicitado pedidos de acceso a la información pública a los Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre:

  1. La cantidad de cargos de anestesiólogos asignados a los Servicios de Obstetricia en los centros de salud durante 2015;
  2. La cantidad de partos en los que se suministró anestesia los Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires durante 2015;
  3. La existencia en la CABA de protocolos de actuación para los Servicios de Obstetricia en los centros de salud. La existencia de protocolos de actuación de profesionales de Anestesiología. En particular, en partos naturales/legrados/cesáreas;
  4. La configuración del consentimiento informado en los centros de salud. La existencia de modelos de formulario escritos que dejen asentado el proceso de consentimiento informado por parte de los pacientes.

La mayor parte de los hospitales ha respondido al pedido de acceso a la información, permitiendo una sistematización de la misma que logra visibilizar la gravedad de la situación actual: en líneas generales, tanto las cifras como los testimonios del personal de salud de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, dan cuenta de que no se administra anestesia epidural durante partos naturales en los hospitales públicos.

Se trata de un tema totalmente invisibilizado y ADC la considera una problemática central ya que afecta a un sector muy importante de la sociedad, las mujeres, particularmente a aquellas de sectores vulnerables, con potenciales consecuencias traumáticas de impacto en decisiones respecto del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, es de suma importancia para la organización poder dar cuenta de esta problemática y difundirla hacia la opinión pública, con el fin de que se instale como tema de agenda y se produzca un debate que movilice los mecanismos necesarios para gestar un sistema de salud que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que se encuentra el derecho a tener un parto sin dolor.

Actualmente, ADC se encuentra en proceso de desarrollo de una estrategia de Litigio estratégico, para incidir sobre las políticas públicas en el sistema de salud, así como sobre la legislación que debe garantizar y proteger la autonomía de la mujer en el proceso de alumbramiento.

 

[1] Fiona Turpie y Ronald B. George, “Women’s Right to Pain Relief after Surgery and Labor Analgesia”, en: R. Roth et al., 2015

[2] Ibid., p. 194.

[3] Disponible online en: http://www.iasp-pain.org/DeclarationofMontreal?navItemNumber=582.

[4] Turpie y George, op. cit., p. 195.

[5] Ibid.