¿Educación religiosa en escuelas públicas de Salta? Audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia

Hoy se llevó a cabo la primera jornada de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que los Amicus Curiae expusieron sus distintas posiciones en el debate por la educación religiosa en la escuela pública. En el día de mañana se retomará la audiencia, en una jornada en la que seguirán exponiendo los amigos del Tribunal. Proseguirán el 30 de agosto y el 31 será el turno de las partes.

El caso tiene su inicio en 2010, cuando la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de padres salteños presentaron un amparo público colectivo contra el Estado Provincial para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes que validan la educación religiosa en escuelas públicas de Salta. Dado el amplio interés de la sociedad civil, la Corte Suprema de la Nación extendió a cuatro los días de audiencia pública para debatir el planteo.

El director ejecutivo de ADC, Torcuato Sozio, aseguró al respecto: “Tanto los padres que iniciaron la acción como la Asociación por los Derechos Civiles, que es patrocinante pero a la vez es actora del juicio, vamos a insistir en la postura de que el modo en que se brinda en Salta la educación religiosa es violatorio de la libertad de pensamiento que prevé la Constitución Nacional y termina siendo discriminatorio para los niños que no profesan la religión católica o que no profesan religión alguna”.

Desde Octubre de 2008, se promulgó la Ley Provincial Nº 7.546 que dispone el carácter obligatorio de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la Provincia de Salta. En la implementación, tal obligatoriedad trajo como consecuencia una serie de prácticas que no son respetuosas de las libertades y derechos reconocidos por la Constitución Provincial, Nacional y los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Además, la instrucción actualmente se limita a la transmisión de contenidos sobre la religión católica apostólica romana, creando situaciones de conflicto y grave marginación para los alumnos – y sus familias – que no responden a dicho credo.

Entre los derechos concretamente vulnerados en este escenario, se encuentra la clara amenaza a los conceptos de pluralidad cultural, libertad e intercambio religioso, así como también se pone en jaque la modalidad de educación intercultural que fomenta el enriquecimiento en la diversidad.

En este contexto complejo y problemático, padres y madres de niños, niñas y adolescentes junto a la ADC han realizado su reclamo judicial puntualizando estas inconsistencias, violaciones de derechos y proponiendo distintos remedios que permitan que cese esta situación de enseñanza religiosa coercitiva.

Los demandantes, por lo tanto, reiteran la necesidad crucial de que la Corte Suprema de la Nación adopte el remedio procesal solicitado, que es el cese de la enseñanza religiosa obligatoria en estos términos. De hecho, la separación de los alumnos por cuestiones religiosas tiene un claro tinte discriminatorio.