La ADC celebra dictamen de la Procuración sobre educación inclusiva

La Procuradora General de la Nación dictaminó en una causa que patrocina la ADC en favor de Emiliano Naranjo para que pueda cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, en ejercicio de su derecho a la educación inclusiva. Resta esperar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Emiliano Naranjo. Foto El Diario. Paraná.
Emiliano Naranjo. Foto El Diario. Paraná.

(Buenos Aires, 16 de junio de 2015) – La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) celebra el dictamen de la Procuración General de la Nación en el caso de Emiliano Naranjo, un joven con discapacidad motriz. El mismo enfatiza la obligación de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) de realizar ajustes razonables y prestar los apoyos técnicos necesarios para que Naranjo pueda cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, en ejercicio de su derecho a la educación inclusiva.

Emiliano Naranjo obtuvo en el año 2007 su título de Licenciado en Educación Física en la UNLaM. Sin embargo, a pesar de sus reiterados pedidos, la institución negó sistemáticamente su ingreso al Profesorado Universitario. Entendiendo que esta negativa restringía el ejercicio efectivo de su derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, en 2011 Naranjo presentó una acción de amparo y un pedido de medida cautelar, patrocinado por la ADC, que fue concedido en abril del mismo año por la jueza Martina Isabel Forns. En esa ocasión, Forns ordenó a la UNLaM que autorice en forma inmediata su ingreso al ciclo lectivo 2011 y dispuso que curse en forma condicional, durante ese año, cuatro materias correspondientes al Profesorado de exclusivo contenido teórico. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2013, la misma Magistrada dictó sentencia sobre la cuestión de fondo haciendo lugar a la demanda.

Sin embargo, la UNLaM apeló la sentencia y, el 17 de marzo de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia. Disconforme con esta nueva sentencia, la UNLaM apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), quién aún no ha dictado sentencia. Sin embargo, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ha dictaminado a favor de Emiliano.

Antes de emitir un fallo, el Máximo Tribunal remite las causas a la Procuración General a los fines de que esta decida si quiere dar su opinión sobre las mismas. Los dictámenes de la Procuración no son vinculantes para la CSJN, es decir, no es obligatorio que la Corte Suprema comparta las opiniones de la procuradora.

En su pronunciamiento, Gils Carbó resalta que “las normas constitucionales de protección del derecho a la educación y las referidas a los derechos de las personas con discapacidad (…) resultan aplicables en el ámbito de la universidad, sin que pueda alegarse que ello importa un avasallamiento de su autonomía”. Asimismo, recuerda que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) “instaura un modelo social que implica que la discapacidad no sólo se define por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que también se encuentra determinada por las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva”.

También destaca que el artículo 24 de la CDPD dispone que “para hacer efectivo el derecho a la educación, se deben realizar ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” y resalta que la UNLaM “se ha negado a realizar los ajustes razonables a fin de posibilitar que el señor Naranjo curse el profesorado de educación física, sin demostrar que ello implique(…) una carga desproporcionada o indebida”.

La ADC celebra el dictamen de la Procuradora General y aguarda la decisión de la Corte Suprema con la expectativa de que reconozca el derecho de Emiliano Naranjo a cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, en ejercicio de su derecho a la educación inclusiva. Una sentencia con este alcance, sin dudas fijaría lineamientos para que el Estado argentino avance en el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva de todas las personas con discapacidad, en todos los niveles educativos.