La Constitución no se toma vacaciones… La Justicia, ¿vacaciones de privilegio?

Desde hace años, la organización FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia) viene analizando las negativas consecuencias que comportan para el Sistema de Justicia de la Nación, las extensas vacaciones que el Poder Judicial se atribuye. Algunos de los datos que la organización viene denunciando púbicamente, son tan impactantes, que resulta  inexplicable y hasta escandalosa, la persistencia de la situación año tras año. La razón es, por desgracia, simple y absolutamente inaceptable: “¿Cómo el cuerpo legislativo o el poder ejecutivo podrían enfrentarse, al menos sin grandes costes en su perjuicio, a la anquilosada corporación judicial?”. Muy a pesar del equilibrio de poderes que consagra nuestra Constitución, la Justicia funciona como una camarilla de tradición vitalicia con salarios excesivos, exención de impuesto y unas privilegiadas vacaciones que no condicen con las condiciones de trabajo del resto de la administración pública.

Veamos algunos datos significativos aportados por FORES:
Los funcionarios del Poder Judicial se ven beneficiados por un receso de 45 días anuales: 15 durante el invierno y 30 durante todo el mes de enero. La feria judicial implica así una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector. El sistema de Justicia, si se contabilizan feriados y ferias, funciona sólo 190 días al año. Si a ello sumamos que, en dicho poder, se trabajan 6 horas diarias, el resultado comparativo con otros sectores del Estado es de 132 jornadas. Cabe resaltar que, en las demás áreas de la administración pública, el total es de 165 días, y 231 días en el sector privado. En una semana de feria judicial, se pierde medio millón de horas hombre a razón de 6 horas de trabajo diarias, lo que equivaldría a 420 empleados en funciones durante todo un año. Si se agregara tan sólo una hora más de trabajo a cada uno de los más de 18.500 empleados del poder judicial por los 220 días laborables estimados para un año judicial razonable, resultaría un total de 4 millones de horas hombre, es decir, un aporte de 3.030 empleados extra trabajando todo el año.

Cabe mencionar que esta situación no se repite del mismo modo en todas las provincias del país: la Provincia de Rio Negro, por un lado, obliga a fichar tarjeta a sus empleados y, por otro, impone a los jueces cumplir 2 horas extra por la tarde. En Córdoba, se cumplen 45 horas semanales, con posibilidad de extenderlas si es que el servicio lo requiere. Otros tribunales  superiores de provincia dispusieron reducir a la mitad o, directamente, eliminar la feria en caso de que se trate de juzgados con atraso en el despacho.

Por el contrario, en las demás provincias, salvo habilitaciones especiales, sumamente restringidas, la larga feria impacta negativamente en el desempeño de la Justicia, congelando todo tipo de acciones judiciales que pueden resultar ser de primera necesidad para gran cantidad de ciudadanos, así perjudicados en cuestiones penales, laborales, de familia, económicas, de salud, etc.

Parece ser que el actual Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, estaría estudiando una alternativa a este largo receso judicial en el marco de las propuestas del programa oficial, Justicia 2020. Evidentemente, el Gobierno por sí sólo, con la  debilidad  política que aún no ha conseguido resolver en el Congreso, no podrá garantizar una solución. Dadas las circunstancias, resulta fundamental que los mismos abogados, y los propios jueces, asumamos con compromiso los fundamentos del ejercicio de la profesión y hagamos Justicia durante todo el año. Es claro que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de ‘Acceso a la Justicia para todos los ciudadanos’; así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, que la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución y todos los derechos que de ella se derivan, tal como expresa el Artículo 116 de nuestra Carta Magna. Es hora de abogar por cambiar esta situación, simplemente, porque así lo merecemos quienes vivimos en este país; después de todo, ¿con qué autoridad puede pausarse un deber tan relevante para la vida en democracia como es el buen funcionamiento del sistema de Justicia?

Torcuato Sozio, Director Ejecutivo de ADC
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