A tres años del fallo “F., A.L.”, el Estado nacional y las provincias deben garantizar el derecho al aborto no punible

La ADC insta a las autoridades a garantizar el derecho al aborto no punible. Las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y al Estado Nacional carecen de normativa que garantice el acceso a la práctica. Asimismo, ocho jurisdicciones dictaron normas que obstaculizan el derecho de las mujeres al aborto no punible.


(Buenos Aires, 13 de Marzo de 2015) – El 13 de marzo de 2012, en el fallo “F., A. L.”, la Corte Suprema de Justicia resolvió “exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles”. A tres años de dictado el fallo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) insta a las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y al Estado Nacional a aprobar protocolos hospitalarios que garanticen el derecho de las mujeres al aborto no punible, de conformidad con lo ordenado por la Corte Suprema.

Asimismo, la ADC reclama a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Salta y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adecuen sus protocolos hospitalarios a los lineamientos fijados por la Corte Suprema. Entre otros contenidos mínimos, los protocolos de atención deben garantizar que:

  • toda mujer embarazada como resultado de una violación pueda acceder a un aborto, sin importar si se trata de una mujer con o sin discapacidad;
  • no se exija autorización judicial, ni denuncia policial previa en ningún caso;
  • el único requisito habilitante para el aborto sea una declaración jurada de la mujer en la que manifieste que el embarazo es producto de una violación
  • se proporcione información completa y adecuada a la usuaria y se garantice la confidencialidad de la práctica;
  • se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen el acceso a la práctica;
  • se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados;
  • se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto;
  • se disponga un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia;
  • la objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente;
  • se sancione a los profesionales que dificulten o impidan el acceso a los abortos no punibles;
  • se asegure la asistencia psicológica inmediata y prolongada de la víctima;
  • se asegure el asesoramiento legal del caso.

La ADC invita a leer su nuevo informe “Aborto No Punible: Estado de Situación”, un relevamiento actualizado sobre el estado de cumplimiento del fallo “F., A.L.” de la Corte Suprema sobre aborto no punible.

Descargue el informe completo y revisado aquí: Acceso al aborto no punible – Marzo 2015