Demanda por representación política, prov de BS AS y otras en Diputados

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Buenos Aires, 27 de mayo de 2016

ADC (Asociación por los Derechos Civiles) ha presentado ante la Corte Suprema de la Nación una demanda para corregir la inconstitucional discriminación que sufren la provincia de Buenos Aires y otras provincias en su representación política en la Cámara de Diputados de la Nación.

Como es sabido, por efecto de la ley de la dictadura militar sancionada por Bignone, la provincia de Buenos Aires fundamentalmente pero también Córdoba, Santa Fe y Tucumán, entre otras, tienen menos diputados que los que les corresponde proporcionalmente en función de su población y las normas de la Constitución Nacional que prescriben la proporcionalidad para la integración de la Cámara de Diputados.

La acción fue promovida en defensa de los intereses de los habitantes de las provincias discriminadas. La ley cuya inconstitucionalidad se demanda es la ley 22.847 conocida como “ley Bignone”. La norma no respeta un principio esencial básico de la Democracia: la representación igualitaria; el principio “un hombre, un voto”. El voto de un ciudadano de cualquier provincia argentina debería tener igual incidencia en la composición de la cámara representativa, y no ocurre así.

El objeto de la demanda es que la comunidad tome conciencia de la afectación de la democracia que esa ley representa, y que las instituciones políticas pongan fin a este agravio que lleva ya décadas, desde 1983. ADC reclama que la Corte restituya la igualdad constitucional en la integración de la Cámara de Diputados.

Los principales déficits de la “ley Bignone” son que:

  1. a) Utiliza el censo de 1980, sin contemplar el desarrollo poblacional y demográfico de ya casi cuatro décadas;
  2. b) Garantiza un piso de cinco diputados por provincia, aun a aquellas que no reúnen la población para acceder a esa representación política en la cámara baja;
  3. c) Asegura a la Ciudad de Buenos Aires la misma cantidad de diputados que tuvo en 1973, aun cuando en ésta decreció su población y debería tener uno menos.

Un ejemplo servirá. Un diputado de la provincia de Buenos Aires representa casi diez veces más votantes que su colega de Tierra del Fuego. Así, el voto del bonaerense vale diez veces menos. Y, recordemos, esto no puede ocurrir en la cámara representativa; pues la Constitución previó el piso por provincia de modo igualitario para el Senado.

Esperamos que la demanda provoque un debate fructífero que perfeccione nuestra democracia.

La demanda se ha interpuesto contra el Estado Nacional, que es quien dicta la norma pero con intervención obligada de todas las provincias cuya representación política se ve afectada.

Es nuestro interés estimular el debate y que la Democracia remedie esta injusticia. Y, si los órganos electos en forma directa por el pueblo no lo logran, que sea la Corte Suprema la que ponga fin a la desigualdad.