ADC presentó sus observaciones ante Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el candidato a ocupar la Corte Suprema: Dr. Carlos Rosenkrantz

La presentación destacó la idoneidad técnica y jurídica del Dr. Rosenkrantz. Sin embargo, la ADC expresó su preocupación respecto a los procesos de designación en comisión impulsados por el Poder Ejecutivo y a la falta del enfoque de género en la selección de candidatos.

(Buenos Aires, 14 de enero de 2016). La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó hoy un documento ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el cual valora positivamente la postulación del Dr. Carlos Rosenkrantz para desempeñar el cargo de juez de la Corte Suprema. En efecto, se resaltó que el Dr. Rosenkratz es miembro fundador de la ADC y ha integrado su Junta Directiva durante veinte años. Actualmente, es su Vicepresidente en uso de licencia, la cual concluirá en marzo de 2016.

Como miembro de la ADC, el Dr. Rosenkrantz participó activamente en la etapa fundacional de la institución. En tal sentido, contribuyó a fijar la agenda en los primeros años, donde se puso el énfasis en las acciones de clase vinculadas a derecho a la salud, libertad de expresión, igualdad de derechos en materia de género y separación entre Iglesia y Estado. Por eso, la ADC consideró que el Dr. Rosenkrantz posee los antecedentes académicos y profesionales necesarios para desempeñar el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pese a ello, se realizaron consideraciones respecto a los procesos de designación en comisión impulsados y al enfoque de género en la selección de candidatos/as. En tal sentido, se destacó que si bien se inició el procedimiento ordinario de designación previsto en el artículo 99.4 de la Constitución Nacional se mantuvo la vigencia del Decreto 83/15 por el cual se nombraron en comisión al Dr. Rosenkrantz y al Dr. Rosatti. Por tanto, la posibilidad de designación de los jueces mediante el procedimiento excepcional hasta que se formalice el ordinario es manifiesta.

La ADC sostuvo que una interpretación del artículo 99.19 de la Constitución, el cual regula la designación de los jueces en comisión, que sea compatible con una interpretación “dinámica” de dicha norma y con los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución, debe llevar a concluir que solo ante la imposibilidad de que el Senado de la Nación pueda reunirse y ante la imperiosa necesidad de llenar una vacante en la Corte, puede justificarse nombramientos en comisión en dicho cuerpo. La ADC sostuvo que ninguno de esos requisitos parece estar cumplidos en este caso.

Finalmente, se destacó que con los eventuales nombramientos de dos abogados, la Corte quedará integrada por cuatro varones y una mujer, vulnerando la composición equilibrada del máximo tribunal y la normativa local e internacional sobre el derecho de las mujeres a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dispone que el Estado debe garantizar el derecho de las mujeres de “ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”. Por su parte, el Decreto 222/03 estableció que al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente la composición general de la Corte en este aspecto.

Construir una sociedad igualitaria exige el reconocimiento de los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a las funciones públicas y que se tomen medidas efectivas para eliminar esta desigualdad de género. Por ello, la ADC considera fundamental que, al menos, una de las vacantes sea cubierta por una mujer.