El debate en el Congreso sobre la neutralidad de la Red

La ADC viene participando activamente de los debates en el Senado. Esta semana fue convocada a la reunión plenaria de las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; de Justicia y Asuntos Penales y de Derechos y Garantías, donde disertó sobre la regulación de la neutralidad de la red desde una perspectiva de derechos humanos.


(Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014) – La neutralidad de la red es un valioso principio que debe ser resguardado por el Estado mediante regulaciones adecuadas que prohíban la discriminación de datos por parte de los actores involucrados en el tráfico con capacidad de hacerlo. Se trata de un principio básico para el ejercicio de los derechos humanos en línea. Por tal motivo, la ADC viene participando activamente de los debates sobre neutralidad de la red que se llevan a cabo en el Senado.

El miércoles 17 de septiembre la ADC estuvo presente en la reunión plenaria de las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; de Justicia y Asuntos Penales y de Derechos y Garantías, ocasión en la cual Eleonora Rabinovich, directora adjunta de la ADC, disertó sobre la regulación de la neutralidad de la red desde una perspectiva de derechos humanos. En 2013 la ADC también participó de una reunión con especialistas que convocó la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado y en agosto de 2014 se presentaron comentarios sobre el proyecto de ley en discusión a dicha Comisión.

Observaciones al proyecto de ley de neutralidad de la red

En su Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet de 2001, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE señalaron que “el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que persigue ese principio es la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no estén condicionados, direccionados o restringidos, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia.

Asimismo, la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH consideró “importante que las autoridades garanticen la vigencia de este principio a través de legislaciones adecuadas”. El principio de neutralidad se vincula con la protección del derecho a la libertad de expresión a través de los principios de pluralidad y diversidad desarrollados por el sistema interamericano de derechos humanos. En efecto, el principio de neutralidad busca garantizar que los actores en posiciones dominantes no modificarán la arquitectura de la red a su favor mediante acuerdos comerciales que permitan un trato discriminatorio de los datos para proveer mejores velocidades de conexión o acceso preferencial a sus servicios o a los de sus socios. Cabe destacar que el principio 5 de la Declaración de Principios dispone que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Estos estándares de derechos humanos deben guiar a los legisladores en la creación de los instrumentos legales capaces de resguardar este principio. Es precisamente a partir de esos principios que la ADC efectuó comentarios al proyecto de dictamen. Los puntos centrales son los siguientes (las observaciones completas pueden leerse en la carta enviada al Senado en agosto de este año:

  1. Se utiliza un lenguaje vago y poco preciso para establecer prohibiciones. La referencia a la arbitrariedad ha sido uno de los puntos cuestionados de la ley de neutralidad de Chile. En efecto, se considera que se trata de un término poco preciso que puede ser interpretado de distintas maneras: mientras algunas de ellas puede resguardar el principio de neutralidad, otras interpretaciones podrían no hacerlo.
  2. La calificación de “contenidos, aplicaciones, servicios o protocolos” como legales o ilegales es altamente preocupante y debe eliminarse, toda vez que el proyecto nada dice respecto de qué autoridad pública estaría habilitada para declarar la legalidad o ilegalidad. Esta característica del proyecto genera el riesgo de que sean los propios proveedores de servicios de Internet (ISPs) los que juzguen dicha legalidad o ilegalidad. Ello tiene el potencial de afectar seriamente los derechos de los usuarios ya que los intereses de los actores privados pueden ser contrarios a esos derechos. Por otro lado, la legalidad o ilegalidad de los servicios, contenidos o aplicaciones no es una cuestión que pueda determinarse fácilmente y en ocasiones ciertos usos serán conformes a la ley y, en otras, contrarios a ella. En cualquier caso, la autoridad que podría señalar la legalidad o ilegalidad de un contenido debería ser la judicial, sobre la base de los estándares de derechos humanos en materia de debido proceso y libertad de expresión.
  3. También llama la atención la regulación sobre los “servicios especiales”, que no se definen especialmente. Preocupa que a través de este concepto se puedan adoptar medidas o políticas comerciales que afecten el principio de neutralidad y la libre competencia.

Los comentarios completos pueden leerse en este documento: ADC sobre neutralidad Senado_Agosto 2014

Imagen: Bitelia.com