ABORTO NO PUNIBLE

Toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible.

 

                   Es uno de los temas que más polémica ha suscitado en los diversos sectores de la sociedad civil argentina en los últimos años, sobre la que ADC lleva a cabo un profundo monitoreo.

Desde 1921, el Código Penal Argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código). En marzo de 2012, en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito. En el mismo fallo, la Corte exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitala- rios que garanticen el acceso de las mujeres a abortos no punibles (ANP) y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios.

Las reacciones ante la exhortación de la Corte fueron variadas. Algunas jurisdicciones no adecuaron su normativa, otras la adecuaron inmediatamente o pasado un tiempo y lo hicieron de acuerdo a los lineamientos fijados en el fallo y, otras, modificaron su normativa alejándose de tales lineamientos. Si bien la existencia de protocolos de atención no es un pre-requisito ineludible para el acceso al aborto no punible, en muchas jurisdicciones la falta de protocolos con algún tipo de aval normativo ha dado lugar a la inaccesibilidad sistemática de la práctica. Aunque la mera sanción de protocolos de atención no asegura, en sí misma, el acceso a los abortos permitidos, sí implica un paso normativo importante para que el acceso se posibilite en muchos casos.
A partir de allí la ADC, en base a este fallo de la Corte que sienta una histórica jurisprudencia, publicó varios informes sobre la situación existente en cuanto a la adecuación de la normativa en las 24 jurisdicciones del país más la jurisdicción nacional.

En marzo de 2015, a tres años del dictado de la sentencia en el caso “F.A.L.”, ADC publicó “Aborto No Punible: Estado de Situación” con el objetivo de actualizar dicha información y monitorear la efectiva puesta en práctica de dicha normativa en las jurisdicciones, así como alertar sobre el no cumplimiento de la misma. En este documento se insta a las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y al Estado Nacional a aprobar protocolos hospitalarios que garanticen el derecho de las mujeres al aborto no punible, de conformidad con lo ordenado por la Corte Suprema. Allí también se reclama a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Salta y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adecuen sus protocolos hospitalarios a los lineamientos fijados por la Corte Suprema.