En busca de una regulación basada en derechos humanos para la gobernanza privada del discurso

El enfoque tradicional sobre la libertad de expresión en Internet ponía el acento en los intentos del Estado o particulares para interferir en la circulación de contenidos dentro de la red. De esta manera, el rechazo de medidas de filtrado y bloqueo o la promoción de un régimen de notificación judicial para responsabilizar a los intermediarios por contenidos de terceros se erigieron como baluartes centrales en la lucha por la libre expresión. El objetivo, entonces, era proteger a plataformas y buscadores de conductas externas que pudieran incentivarlos a quitar contenido.

Si bien el asunto mencionado todavía merece seguir siendo atendido, en forma paralela comenzó a surgir un fenómeno que también presenta múltiples desafíos para la libertad de expresión online: la eliminación de contenido por parte de los intermediarios, ya no por una presión externa sino por su propia iniciativa. A través de la aplicación de sus términos y condiciones, las grandes compañías de redes sociales y buscadores se han transformado en instituciones que ejercen un control efectivo sobre el contenido que circula en la red. Si pensamos en la importancia que Internet ha adquirido para el debate público, resulta necesario asegurar que las políticas del sector privado respeten los derechos humanos.

Unidos por esta convicción, desde la Asociación por los Derechos Civiles, Observacom e Intervozes, nos propusimos impulsar la discusión sobre este tema. Para ello, lanzamos el documento “Una perspectiva latinoamericana para construir una regulación democrática que limite el poder de las grandes plataformas y garantice la libertad de expresión en Internet”, que contiene seis puntos sobre los cuales creemos debe girar el debate:

1.La preocupación por la creciente intervención privada en el libre flujo de información a través de políticas de moderación que no cumplen adecuadamente estándares de transparencia, rendición de cuentas o debido proceso.

2. La insistencia en alertar sobre iniciativas legales que traten de imponer a los intermediarios tareas que los vuelvan policías privados sobre contenidos de terceros.

3. El reconocimiento de que la concentración del espacio público digital en manos de unas pocas empresas representa un riesgo para una Internet libre y abierta.

4. La admisión de que la autorregulación forma parte de la solución a estos problemas pero no puede ser el único camino a seguir, en virtud de que una sociedad democrática requiere que existan límites a los grandes poderes, sean de carácter estatal. o privado.

5. La necesidad de construir una propuesta de regulación democrática, adecuada e inteligente, que esté basada en principios y estándares del sistema universal e interamericano de derechos humanos.

6. La conveniencia de seguir impulsando esta discusión en todos los eventos, reuniones o actividades en donde se discuta la agenda de libertad de expresión así como desarrollar incidencia ante los tomadores de decisiones para alcanzar los objetivos planteados.

La iniciativa fue presentada el Martes 26 de Febrero mediante el desarrollo de un Foro sobre regulación privada de contenidos en Internet y libertad de expresión, que contó con la participación de expertos y expertas de los sectores interesados. Esperamos que este encuentro haya sido el puntapié inicial de un proceso que cuente con la mayor participación posible de organizaciones y personas, ya que se trata de un tema complejo que requiere el aporte de todos aquellos que se sientan preocupados por la libertad de expresión en Internet.

La versión completa del documento puede descargarse en el siguiente enlace.