Por un Estado pleno como respuesta a la pandemia

La pandemia de COVID-19 generó una situación sin precedentes, con graves riesgos para la salud de la población al tiempo que colocó a los gobiernos ante la necesidad de tomar medidas urgentes.

La sociedad argentina en su conjunto pudo advertir rápidamente el rol esencial del Estado en la gestión y contención de una emergencia inédita. La crisis sanitaria, que produjo consecuencias de diversa índole y magnitud en el mundo, agudizó en nuestro país los efectos de una ya instalada crisis social y económica.

En circunstancias críticas como las actuales resulta pertinente recordar que es el Estado, en la plenitud y fortaleza de su estructura institucional, el garante último del bien público. La relación de equilibrio y control entre los tres poderes que lo conforman es vital para el mantenimiento del Estado de Derecho y el ejercicio de la ciudadanía.

En tal convicción, desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) celebramos el inminente retorno de la actividad parlamentaria anunciado por la Cámara de Diputados y el Senado nacionales, y nos conforta la reanudación de la actividad judicial que ha tenido lugar en algunas jurisdicciones locales.

Es el Congreso el que de forma insoslayable deberá:

1) Decidir si corresponde continuar limitando algunos de los derechos fundamentales que se restringen en el marco de la emergencia económica y sanitaria.

2) Revisar las limitaciones a derechos fundamentales decididas por el Ejecutivo mediante Decretos de Necesidad y Urgencia en el marco de la emergencia económica y sanitaria.

3) Brindar soluciones legislativas para restablecer y/o modificar las repercusiones en los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas afectadas por la pandemia y su posterior normalización.

4) Garantizar la deliberación pública y las actividades de control y rendición de cuentas propias de la democracia representativa. 

El Poder Judicial de la Nación, por su parte, deberá arbitrar los medios para reanudar progresivamente su actividad, para lo cual resultará de gran utilidad la implementación concreta de modos remotos de funcionamiento para las diligencias que así lo permitan, procurando la más efectiva administración de justicia.

La ADC enfatiza que sólo un ejercicio vigoroso de todos los poderes del Estado es garantía de la vigencia del sistema republicano.