Los 25 años de la ADC

Por Hernán Gullco (*)

Como presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), estoy muy orgulloso de tener la posibilidad de escribir estas líneas con motivo de los veinticinco años de la fundación de nuestra organización.

La creación de la ADC fue producto de la iniciativa del destacado jurista -y amigo- Alejandro Carrió, actual vicepresidente de la institución. Él tuvo la idea de establecer en Argentina una organización que, inspirada en la célebre ONG estadounidense American Civil Liberties Union (ACLU), pero adaptándose al contexto local, estuviera destinada a la defensa de los derechos civiles.

El objetivo de la ADC era, según su inspirador y quienes lo acompañamos en su fundación, utilizar la vía del litigio de interés público para la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. El momento parecía propicio, ya que ello ocurría en 1995, al año siguiente de la Reforma Constitucional que, al incorporar la mayoría de los Tratados de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país al texto de la carta magna, había ampliado de manera notable el elenco de derechos que podían ser tutelados judicialmente. La idea era, entonces, valerse del sistema judicial para ampliar el alcance de los derechos mediante el empleo de argumentos constitucionales que, por lo general, no eran usuales en la actividad profesional.

Entre las personas que acompañaron esta idea se encontraban Martín Böhmer, Roberto de Michele, Carlos Rosenkrantz, Mónica Román, Marcela Rodríguez, Roberto Saba, Gabriel Bouzat, Christian Courtis y Martín Abregú. En mi caso particular, Alejandro me propuso ser el director de Litigio Estratégico de Interés Público de la ADC. La idea me pareció tan atrayente que no dudé un instante en abandonar mi cargo de secretario letrado de la Corte Suprema de la Nación para unirme a la flamante organización. En la actualidad, y desde hace muchos años, el cargo de director de Litigio es ejercido exitosamente por Alejandro Segarra.

Podemos mencionar, por ejemplo, entre las numerosas veces en que la ADC comenzó a litigar desde su creación, la vinculadas con la tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de esos casos, de suma importancia desde el punto de vista humano y jurídico, fue el de Adriana Labatón. Esta abogada, a pesar de ser cuadripléjica de nacimiento, realizaba -en forma cotidiana y con gran tenacidad- su actividad profesional, concurriendo a los tribunales de la Capital Federal. Pero, para poder acceder a ellos, tenía que ser trasladada en una camilla por sus asistentes, que debían subir las escaleras de esas dependencias. La razón de ello era que el Poder Judicial de la Nación había incumplido con la obligación que le imponía la legislación nacional de asegurar la accesibilidad de los edificios públicos a las personas con discapacidad. Por tal razón, la ADC inició una acción de amparo contra la Corte Suprema de la Nación (en su carácter de administradora de los edificios de los tribunales de la Capital). El juez federal de primera instancia ante quien se presentó esta demanda, el Dr. Martín Silva Garretón, resolvió hacer lugar al planteo y ordenó la instalación de rampas y ascensores en los edificios tribunalicios, para que las personas con discapacidad que concurrían allí pudieran hacerlo sin tener que soportar las enormes incomodidades que suponía sortear los obstáculos arquitectónicos que existían hasta el momento. La sentencia de primera instancia fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones y, en consecuencia, la Corte Suprema ordenó el emplazamiento de las instalaciones solicitadas.

Otro de los primeros pleitos en los que la ADC intervino fue el de la señora Elvira Bella, en un claro caso de discriminación de género. La señora Bella había ganado un concurso de tiro con fusil Mauser, organizado por la Federación Argentina de Tiro. Sin embargo, la FAT solo le otorgó el premio de “Dama mejor clasificada” (era la única mujer participante del torneo, el resto eran hombres). El argumento dado por la Federación para negarse a entregarle el premio como ganadora del certamen fue que, dado que la categoría en la que había participado era “Senior” (que en idioma inglés es el equivalente de personas que superan cierta edad), solo los “señores” podían acceder al primer premio de la categoría. La evidente motivación discriminatoria de tal respuesta dio lugar a una acción de amparo, que fue resuelta de modo favorable por la justicia porteña, dando lugar a que la señora Bella recibiera en una emotiva ceremonia su medalla como ganadora del torneo.

También desde sus comienzos, la ADC tuvo una activa intervención en el campo de la libertad de expresión. Entre esos casos, podemos mencionar el de “Patitó”, en donde presentamos un escrito como amicus curiae (amigos del Tribunal) ante la Corte Suprema de la Nación. Se trataba de una demanda promovida por médicos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial nacional contra un periodista del diario de La Nación, debido a que aquel había publicado un artículo en el que criticaba la actuación de esos profesionales en el conocido caso del asesinato de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. Al reconocer el derecho de crítica del periodismo -con argumentos similares formulados por la ADC en su presentación- la Corte Suprema estableció un muy importante precedente en defensa del derecho a la libre expresión.

Asimismo, la ADC ha mantenido hasta hoy su lucha en favor del derecho de acceso a la información pública. En este sentido, en el leading case “Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI”, de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció los parámetros y alcances de ese derecho, que es central para su existencia. En adición, podemos destacar el “caso Savoia”, también resuelto por la Corte Suprema, en 2019, en donde se ratificó el derecho de los habitantes de la República de obtener información públicamente relevante de las instituciones estatales.

Debemos destacar también el “caso Castillo”, resuelto en 2017, en donde la Corte ratificó el carácter no confesional del Estado argentino. En esa oportunidad, el máximo tribunal hizo lugar a la demanda de un grupo de padres, patrocinados por la ADC, contra la provincia de Salta. Allí, se había instituido un sistema de educación religiosa compulsiva en las escuelas públicas provinciales, que era violatorio del derecho a la libertad religiosa y a la no discriminación.

Pero no solo en el campo del litigio de interés público la ADC ha estado presente. También ha impulsado y colaborado en numerosas propuestas legislativas y de reformas en general de la actividad estatal. Entre esos muchos aportes, podemos citar los formulados sobre el voto nominal en el Congreso de la Nación, la Interrupción Legal del Embarazo y la Responsabilidad de Intermediarios de Internet, además de los presentados en vista de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Matrimonio Igualitario.

Las decisiones institucionales de la ADC se adoptan por la Junta Ejecutiva de la organización, que hoy -además de por su presidente y vice- se encuentra integrada por Alejandro Segarra, Ana María Mustapic, Catalina Smulovitz y Aldo Isuani. En su accionar, la Junta es secundada por el valioso aporte del Consejo Académico, cuyos miembros actuales son: María de los Ángeles Baliero de Burundarena, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Rivera López y Fernando Basch. Quiero asimismo recordar y agradecer a anteriores integrantes, ya sea de la Junta o del Consejo, por sus valiosos aportes a lo largo de los años. Cabe mencionar a personas de la talla intelectual y compromiso republicano de María Eugenia Urquijo, María Isabel Azaretto, Alberto Garay, Beatriz Kohen, Guillermo Moncayo, José Miguel Onaindia, Mario Rejtman Farah, Victoria Barreda, Gustavo Bossert, Jorge Bacqué, Enrique Paixao, Eduardo Oteiza y Julio Rivera (h), entre otros.

Destaco la labor realizada por Roberto Saba, Álvaro Herrero y Torcuato Sozio, anteriores directores ejecutivos de la ADC, quienes mucho colaboraron para el fortalecimiento de la organización, y por la gran cantidad de personas que fueron parte de la misma en todos estos años.

Para finalizar, subrayo el muy valioso aporte que realiza Valeria Milanes, nuestra actual directora ejecutiva, quien junto a un gran equipo multidisciplinario lleva a cabo una intensa y exitosa actividad, indispensable para la existencia de nuestra institución.

Deseo fervientemente que, dentro de veinticinco años, la persona a cargo de la Presidencia de la ADC pueda escribir una nota en la que también se hable con la misma satisfacción de nuestra organización, la cual considero  -haciendo un balance de sus éxitos y fracasos- ha realizado un aporte importante  para la sociedad argentina.

(*) Presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)