La ADC efectuó aportes a una consulta pública de la OCDE sobre conducta empresarial responsable
El 14 de septiembre la Asociación por los Derechos Civiles efectuó aportes a la consulta pública “Balance de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (LDEM)”. El objetivo del organismo internacional es hacer un balance de los principales avances, logros y desafíos relacionados con las Líneas Directrices y su mecanismo único de implementación y reclamación en caso de incumplimiento, dando espacio a la participación de las múltiples partes interesadas.
Aportes de la ADC:
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización de la sociedad civil con sede en Argentina que desde 1995 trabaja en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos, en el país y la región. En la última década el incesante desarrollo tecnológico y la acelerada digitalización, presentan un escenario insoslayable para el ejercicio de los más variados derechos e intereses democráticos. Por ello, el marco internacional de empresas y derechos humanos es un pilar central en nuestra labor.
Desde su última actualización (2011) las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE han contribuido a consagrar el respeto a los derechos humanos como la conducta empresarial responsable esperada a nivel mundial. Además de promover un abordaje diferencial al incorporar y establecer la debida diligencia basada en el riesgo como el proceso que las empresas deben llevar adelante para evitar causar impactos negativos -reales y potenciales- a los derechos humanos mediante sus actividades.
En la actualidad, el contexto mundial en el que se implementan las Líneas Directrices ha cambiado significativamente. La revolución digital y la innovación tecnológica están generando transformaciones que por su escala, velocidad y complejidad, no tienen precedentes. La adecuación de las Líneas Directrices para garantizar su continua pertinencia y eficacia, abordando las tendencias actuales que determinan el entorno de la Conducta Empresarial Responsable (CER), representa un gran desafío.
La digitalización, la innovación tecnológica, el flujo transfronterizo de datos y la economía digital, pueden impulsar el desarrollo en sus múltiples formas pero también pueden perpetuar y agudizar las desigualdades entre los países y al interior de ellos, entre los diversos grupos sociales, tal como lo puso en evidencia la pandemia de COVID 19. La OCDE tiene la oportunidad de fortalecer su trabajo y los estándares para la CER mediante una amplia adecuación transversal de las Líneas Directrices para dar cuenta de las nuevas tendencias y así propiciar el desarrollo social, productivo y económico en forma inclusiva.
La Agenda 2030 exige el involucramiento del sector privado en las medidas de desarrollo mundiales y la implementación de normas en materia de CER se considera una parte esencial para la contribución de las empresas con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la puesta en práctica de la debida diligencia por parte de las empresas vinculadas a la digitalización y la tecnología, es aún escasa.
La OCDE tiene la oportunidad desde el ámbito institucional y a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de impulsar iniciativas relacionadas a la gobernanza digital y empresarial, en consonancia con la Líneas Directrices para poner en el centro de los modelos de negocios a los derechos humanos y la sustentabilidad. Al tiempo que es deseable que procure mayor interacción entre sus diferentes órganos, por ejemplo con el Comité de Política en Economía Digital (CDEP por sus siglas en inglés y, a su vez, con sus observadores de diferentes partes interesadas, como CSISAC (en representación de sociedad civil), TUAC y BIAC.
