La ADC tuvo una agenda intensa en la Conferencia Ministerial sobre Economía Digital de la OCDE en España
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), como miembro del Comité Directivo del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de la Información (CSISAC), estuvo presente en la Conferencia Ministerial sobre Economía Digital organizada por la OCDE en Gran Canaria, España, del 12 al 16 de diciembre. Viajaron en representación la directora ejecutiva, Valeria Milanes, el director de litigio estratégico, Alejandro Segarra, y la líder de comunicación estratégica, Julieta Cravero. Formaron parte de la delegación junto a otras 21 personas de 12 organizaciones de todo el mundo.
En el Stakeholder Day (Día de las Partes Interesadas), que se realizó el 13 de diciembre, Milanés fue oradora en la apertura. Explicó el funcionamiento de CSISAC, su relevancia como voz de la sociedad civil y el trabajo realizado desde allí de cara a la Conferencia Ministerial de este año. Además, ese mismo día moderó la mesa redonda “Twin Transition (Verde y Digital)”, en la que participaron otras personas de la delegación.
Por otro lado, el 14 de diciembre la directora ejecutiva de la ADC e integrante del Steering Committee del CSISAC participó del workshop “Derechos en la era digital: construyendo evidencias sólidas”. Allí se refirió a cómo se ocupa la sociedad civil de la cuestión de la protección de los derechos en la era digital, cuáles son los principales desafíos y cómo podrían abordarse. ”Los derechos deben entenderse en un marco legal y alinearse con las obligaciones internacionales de los países asumidas en los tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó.
Por último, en el marco de este evento, la ADC suscribió al comunicado lanzado por CSISAC en el que se solicitó a la OCDE que garantice procedimientos transparentes para el proceso de Acceso Gubernamental Confiable (TGA, por sus siglás en inglés) a datos del sector privado.
Para la ADC es sumamente relevante este tipo de eventos internacionales en los que la voz de la sociedad civil participa de la discusión de temas relevantes relativos al entorno digital, donde los derechos fundamentales de la población deben ser garantizados.
