Soberanía digital en tiempos de interdependencia tecnológica: la ADC en la reunión del Comité Directivo de Políticas de la Partnership on AI (PAI)
¿Cómo se ejerce la soberanía digital en un mundo profundamente interconectado? Esa fue la pregunta que guió la participación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en la última reunión del Comité Directivo de Políticas (Policy Steering Committee) de la Partnership on AI (PAI), celebrada en Nueva York durante la semana del 15 de septiembre.
El encuentro reunió a representantes de organizaciones académicas, de la sociedad civil, del sector privado y de organismos multilaterales para anticipar las prioridades de política pública en inteligencia artificial hacia 2026.
La ADC aportó una mirada desde el Sur Global sobre los desafíos de pensar la soberanía digital. Destacamos que la relación entre Infraestructura Pública Digital (DPI) y soberanía digital es compleja y varía según los contextos nacionales.
Actualmente, la DPI funciona principalmente como soporte de servicios básicos, como pagos virtuales, verificación de identidad o acceso a servicios; en muchos casos, aún no traza un camino directo hacia la autonomía tecnológica plena. En países como Argentina, que participan activamente en ecosistemas tecnológicos globales pero dependen de estándares, datos e infraestructuras internacionales, la soberanía digital no puede pensarse únicamente en términos de autosuficiencia.
Más bien, conviene comenzar por enfocarse en fortalecer las capacidades de decisión informada, la transparencia y la rendición de cuentas, reconociendo que estos elementos permiten orientar el desarrollo tecnológico hacia el interés público. Al mismo tiempo, resulta fundamental promover la cooperación internacional y mecanismos de gobernanza compartida, de manera que la DPI funcione como una plataforma flexible que facilite la interoperabilidad, el intercambio de buenas prácticas y la construcción de ecosistemas de IA seguros, inclusivos y responsables, adaptados a las capacidades y prioridades específicas de cada país o región.
En este marco, los procesos de documentación de la IA se presentan como herramientas estratégicas para la gobernanza. En 2024, la ADC contribuyó con PAI en proyectos como Alineación de Políticas sobre Transparencia en la IA (Policy Alignment on AI Transparency) y Documentación de los Impactos de los Modelos Fundacionales (Documenting the Impacts of Foundation Models), que buscan estandarizar cómo se registran y analizan los procesos de desarrollo, despliegue y auditoría de modelos de IA.
Estos trabajos permiten identificar riesgos y brechas de gobernanza, garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el desarrollo y despliegue de la tecnología, y fortalecer la confianza en ecosistemas de IA complejos mediante mecanismos multiactor. La experiencia de la ADC demuestra que documentar la IA no es solo un ejercicio técnico, sino una herramienta de gobernanza democrática, capaz de asegurar que las tecnologías se alineen con el interés público y los derechos de las personas.
Durante su intervención, la ADC propuso dos prioridades estratégicas para 2026. En primer lugar, avanzar en transparencia y rendición de cuentas, asegurando que cualquier desarrollo o despliegue de IA esté acompañado de mecanismos claros de documentación y supervisión. En segundo lugar, promover modelos colaborativos y contextualizados, evitando la “talla única” y adaptando las políticas de DPI y de IA a las capacidades, necesidades y objetivos locales.
Desde 2023, la ADC forma parte del Comité Directivo de Políticas de PAI, aportando su experiencia en temas como Gobernanza de Agentes de IA, Aseguramiento y Rendición de Cuentas y Gobernanza Global e Interoperabilidad.
Nuestra participación en este espacio se da en un momento clave para el diálogo multilateral sobre la gobernanza de la IA y consolida la vocación institucional por una gobernanza global que reconozca la interdependencia, promueva la cooperación y preserve la autonomía democrática, proyectando su contribución hacia un futuro tecnológico inclusivo, responsable y respetuoso de los derechos fundamentales.