Documentos de difusión 2 – Los jueces subrogantes en el Poder Judicial de la Nación
Este documento expone los resultados preliminares de una investigación que lleva adelante la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) enfocada en la situación de los jueces subrogantes del Poder Judicial de la Nación. Dicha investigación se enmarca en un proyecto más amplio, destinado a monitorear el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, la independencia judicial y la transparencia en los sistemas de selección y remoción de jueces.
La información sistematizada en este documento1 fue relevada entre el 9 de febrero y el 10 de julio de 2012, identificando la cantidad de jueces provisorios y su ocupación profesional, ya sea dentro como fuera del Poder Judicial2. También se analizó la distribución por fuero y jerarquía (el cargo judicial ocupado por el subrogante), examinando la cuestión con perspectiva de género. Finalmente se indagó en el plazo de permanencia en el cargo interino.
En 2010, una investigación señaló que 22,6% de los cargos judiciales no se encontraba cubierto por un juez designado para esa vacante especifica (CIPPEC, 2010). Actualmente, de acuerdo a los datos obtenidos, 18% de los jueces es subrogante3, es decir: casi uno de cada cinco magistrados ha sido designado por un sistema distinto al establecido por la Constitución Nacional para el acceso a la magistratura4. La elevada proporción de jueces provisorios impacta, por las deficiencias que señalaremos en este informe, en la garantía de independencia judicial.
Tal como ya sostuvo en 2010 la ADC junto a un grupo de organizaciones en el documento “Principios para una Reforma Democrática del Consejo de la Magistratura”, “la enorme cantidad de jueces subrogantes en funciones y la inacción de los poderes públicos para resolver esta grave deficiencia son el fiel reflejo del fracaso del Consejo de la Magistratura y de todo el diseño del sistema de selección de jueces/zas”(ADC, ACIJ, CELS, CIPPEC, Poder Ciudadano y la Asociación de Usuarios y Consumidores, 2010: 11).
En ese sentido, el retraso del Consejo de la Magistratura en concluir los concursos y la demora del Poder Ejecutivo en remitir al Senado la elección de uno de los candidatos de las ternas continúa provocando un deterioro del sistema constitucional. La magnitud de este fenómeno se refleja en que desde 2011 y hasta julio de 2012 el Consejo solo concluyó 5 concursos públicos destinados a cubrir 21 vacantes, mientras que en 2010 se concluyeron 39 concursos destinados a cubrir 119 vacantes. Por su parte, hasta julio de 2012 se encontraban pendientes en el Ejecutivo 81 designaciones5. El 11 de julio de 2012 ingresaron 19 pliegos al Senado de la Nación, quedando pendiente de resolución 62 vacantes6.