El acceso a los servicios de la información y la comunicación y las personas con discapacidad
Para esta investigación se establecieron tres niveles de análisis conectados entre sí de manera interdependiente:
1 – El primer análisis contempla normativa internacional referida al derecho de las personas con discapacidad y la accesibilidad de los entornos virtuales, con sus especificaciones regionales y nacionales.
2 – Un segundo análisis abarca la vista retrospectiva del recorrido de la investigación, con la identificación de actores y el trabajo en terreno, que se extendió de diciembre de 2018 a junio de 2019, incluyendo las discusiones y redefiniciones metodológicas técnico y académicas propias de un proceso de investigación.
3 – El tercer nivel de análisis es el más relevante porque involucró la participación de personas, en particular usuarios con discapacidad, interactuando con las tecnologías digitales y su observación situada.
Conceptos clave:
• La discapacidad es una cuestión de Derechos Humanos. Se entiende como una ‘construcción social’. Son las barreras sociales y culturales las que provocan las restricciones en la participación plena de las personas con discapacidad en el ejercicio de la ciudadanía. Este enfoque de la discapacidad es conocido como modelo social. • La Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad es recepcionada por Argentina, Uruguay y Chile y debe ser considerada elemento transversal, junto a las regulaciones nacionales y los estándares del Consorcio World Wide Web (W3C), en el dictado de normas y el diseño de las políticas públicas referidas al entorno digital.
• Los Estados, en sus distintos estamentos, deben responsabilizarse y comprometerse, destinando recursos a fin de fortalecer áreas existentes o generar nuevos sectores para desarrollar políticas activas promoviendo la accesibilidad Web. Ningún texto legal es, por sí solo, suficiente para transformar la realidad social, generar justicia social e inclusión.
• Los Estados deben elaborar y proporcionar datos estadísticos referidos al área de discapacidad, en particular en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
• Los Estados deben definir y comunicar los entes auditores a cargo de los mecanismos de monitoreo y supervisión de la legislación vigente y las políticas públicas en la materia.
• Las personas con discapacidad y las organizaciones que los agrupan deben ser consideradas como actores prioritarios en todo proceso de análisis, elaboración y/o evaluación de normativa, líneas de actuación y políticas públicas referidas al acceso a los servicios de la información y la comunicación en el entorno digital.
• La sociedad civil en su conjunto debe participar en generar los cambios culturales y legales necesarios utilizando las herramientas de participación ciudadana a disposición en cada uno de los países.
• El sector público y el sector privado deben promover y financiar investigaciones que profundicen y mejoren las condiciones de accesibilidad web para personas con discapacidad.
• Los planes de estudio de carreras estratégicas para la inclusión de PCD deben ser objeto de modificaciones, insertando la accesibilidad, en términos amplios, como temática transversal del ejercicio profesional.