Tecnologías de Vigilancia en Argentina
Durante 2020 y 2021, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) formó parte de una investigación regional coordinada por la organización Access Now sobre la adquisición y utilización de tecnologías de vigilancia en América Latina. La ADC fue la encargada de investigar la situación en Argentina y el producto de dicha colaboración fue publicado en el informe Tecnología de Vigilancia en América Latina: Hecha en el exterior, utilizada en casa, el cual incluye además investigaciones de Brasil y Ecuador.
Este reporte reproduce los hallazgos encontrados en dicha colaboración y constituye una actualización del estado de situación a través de la inclusión de nuevas iniciativas relevadas, como el caso del sistema de reconocimiento facial de la provincia de Salta. Además introduce recomendaciones para una futura regulación de los acuerdos entre sectores públicos y privados que se encuentre alineada con los principios internacionales sobre empresas y derechos humanos.
A partir del mismo descubrimos que el despliegue de tecnologías de vigilancia continúa creciendo en Argentina. La utilización de nuestros datos biométricos como mecanismo de identificación -que comenzó a ser aplicada con fines de seguridad pública- ya se está efectuando para verificar identidades en programas de seguridad social, responsabilidades impositivas o fiscales, educación, elecciones y deportes. Por su parte, cada vez son más las autoridades gubernamentales -tanto a nivel nacional, provincial y local- que despliegan cámaras de videovigilancia en espacios públicos con sistemas de reconocimiento facial que permiten identificar a las personas por los rasgos de su rostro, generando así importantes riesgos para los derechos de las personas.
Los Estados suelen recurrir al sector privado para adquirir estas tecnologías. La dependencia de los gobiernos en las empresas, al delegar el desarrollo, así como los riesgos intrínsecos que tienen las tecnologías analizadas, genera nuevos desafíos respecto a quién debe responder cuando estas tecnologías vulneran derechos de las personas, y cómo deben ser los procesos de contratación en estas iniciativas.
Para evitar que estas tecnologías sigan propagándose en nuestro país, es clave estar informados sobre sus alcances. Para ello, es necesario en primer lugar conocer en detalle cómo funcionan estas alianzas público-privadas y, al mismo tiempo, establecer mecanismos adecuados para que tanto Estados como empresas se comprometan a respetar y proteger los derechos humanos, a la vez que existan mecanismos de reparación eficientes cuando se vulneren derechos.