Sobre la ADC

La misión, visión y valores de la ADC resumen un profundo proceso de reflexión institucional. Veinticinco años después de su fundación, fue necesario revisar la forma en que la ADC se ocupa de cuestiones cada vez más complejas y reajustar el soporte institucional, para que fuera no sólo adecuado, sino también sostenible y resistente a condiciones cambiantes del contexto nacional e internacional.

Un poco de historia

Este brevísimo repaso de la historia servirá para dar una idea de la identidad que la ADC ha forjado en sus primeros 25 años, en los que planteó denuncias estratégicas de violaciones de derechos humanos y promovió reformas destinadas a mejorar la calidad de las instituciones democráticas argentinas. Esta actividad ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su experiencia y eficacia en la defensa y promoción de los derechos civiles y los valores democráticos. La ADC también se ha destacado en su lucha por la promoción y defensa de los principios fundacionales del Estado de Derecho.

Utilizando desde el principio la herramienta del litigio estratégico, en 1996 se obtuvo un fallo que obligó a los edificios públicos a colocar rampas de acceso para discapacitados (“caso Labaton”) y otro que obligaba a la Federación Argentina de Tiro a reconocer el Primer Premio del Torneo Nacional de Tiro para una mujer, que hasta ese año sólo se concedía a los competidores varones.

Pronto, estos casos individuales de litigio se convirtieron en casos de interés público. La ADC descubrió que la defensa persistente y estratégica de los derechos humanos en los tribunales tenía un impacto sustantivo en la agenda pública, permitiendo cambios en las políticas que rigen la protección o la violación de estos derechos. Así pues, se obtuvieron resultados positivos en litigios promovidos en casos relacionados con discriminación, libertad de culto, accesibilidad para las personas con discapacidad, derecho a la medicación, acceso universal a la educación, acceso a la información pública, entre otros.

Estas primeras victorias jurídicas llevaron a la organización a adoptar programas más ambiciosos. La ADC impulsó y acompañó reformas estructurales en los diferentes poderes del Estado, que abarcaron desde la promoción del voto nominado en el Congreso hasta nuevas formas de intervenir y participar en los litigios ante la Corte Suprema mediante la figura del amicus curiae. A través de sólidas alianzas, promovió cambios en la forma de elegir y nombrar a los miembros del poder judicial y supervisó la transparencia en el proceso de deliberación para el nombramiento de los jueces del máximo tribunal.

Todo esto fue apoyado por investigación constante y de alta calidad. La ADC fue la primera organización en documentar de manera sistemática cómo se utilizaba la publicidad del gobierno para impactar en la libertad de expresión. Examinó el acceso a la educación en la provincia de Buenos Aires para las poblaciones migrantes y las personas con discapacidad,  y relevó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

La ADC también participó activamente en acciones que contribuyeron a la aprobación de leyes sobre la igualdad del matrimonio (se aprobó en 2010) y la identidad de género (se convirtió en ley en 2012) y, desde hace muchos años, ha promovido el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer a la salud sexual y reproductiva.

Cabe aclarar que si bien la ADC -tal y como su nombre lo indica- tiene como foco primario la atención al amplio espectro de derechos civiles, nuestro compromiso con la preservación de las personas en su dignidad y libertad ha hecho necesario atender también cuestiones vinculadas al espectro de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Más recientemente, hemos prestado especial atención a los nuevos desafíos que las tecnologías digitales generan para los derechos humanos en general, en los que abordamos temas vinculados a Libertad de Expresión y Privacidad, como ciberseguridad, protección de datos personales, biometría, las tecnologías de vigilancia, uso de nuevas tecnologías para la investigación criminal, los grandes datos y uso de algoritmos, responsabilidad de los intermediarios, censura en línea, bloqueo y filtrado de contenidos; anonimato y cifrado; acceso y conectividad.

Al poco tiempo, identificamos otros desafíos que el entorno digital y las nuevas tecnologías presentan a otros derechos, como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la defensa legal, la igualdad de género, entre otros.

Plan Estratégico 2020-2024 #ConstruyendoPuentes

El proceso de reflexión que mencionamos antes permitió establecer varios supuestos y factores contextuales y culminó en el Plan Estratégico 2020-2024 #ConstruyendoPuentes, aprobado por la Junta Ejecutiva el 4 de marzo de 2020. Compartiremos aquí algunas de sus particularidades.

Además de renovar nuestro compromiso histórico con las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, una idea quedó clara: los fenómenos que tienen lugar en la esfera digital requieren una comprensión y una experiencia particulares. Sin embargo, esta perspectiva debe salvar la brecha entre los mundos analógico y digital y ofrecer un enfoque integrado.

Al mismo tiempo, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de alcanzar la complejidad y la amplia gama de derechos con los que trabajamos es a través de tres amplias corrientes programáticas: Derechos y Garantías, Sistema Democrático e Inclusión. Estas tres corrientes interactúan entre sí y nos permiten abordar de manera más eficiente los diversos escenarios en los que convergen uno o más derechos, manteniendo al mismo tiempo la coherencia institucional y una asignación de recursos más adecuada.

Se decidió también que el enfoque digital y de género se llevarían a cabo de manera  transversal en las tres corrientes programáticas y que nuestro trabajo requiere un diálogo adecuado entre los escenarios nacional, regional latinoamericano e internacional.