La ADC participó del IGF 2021
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) participó de una nueva edición del Internet Governance Forum (IGF), impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se reunieron stakeholders y especialistas en la gobernanza de internet de todas partes del mundo. Su participación se centró en dos ejes de gran relevancia: la accesibilidad web y el vínculo entre empresas y derechos humanos.
El martes 7 de diciembre la ADC organizó con su campaña PUEDA – Por un Entorno Digital Accesible el panel “La accesibilidad digital es un derecho: claves para construir entornos digitales accesibles”, que tuvo como objetivo poner de relieve que la accesibilidad digital es un derecho de todas las personas, incluidas las que tienen discapacidades o tienen pocos conocimientos digitales.
Pablo Lecouna, integrante de la mesa de colaboración de la campaña, abordó tres ejes: de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad digital, qué derechos son atravesados por ella y qué podemos hacer desde cada lugar para incorporar la visibilidad como una dimensión imprescindible en el ámbito digital.
De esta forma, resaltó la importancia de “que los contenidos del entorno digital puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por esta amplitud de públicos”. Además, agregó: “La accesibilidad no es una cuestión técnica. Esta cuestión técnica lo que hace es no permitir el acceso a otros derechos fundamentales, por ejemplo es acceso a la educación, al trabajo o a la salud.”
Por otra parte, la investigadora de la ADC María Sol Abichain, integrante de PUEDA, concluyó que sería importante “incluir la perspectiva de la accesibilidad digital en instituciones de formación profesional”.
Mientras tanto, el jueves 10 de diciembre el investigador Eduardo Ferreyra expuso en el panel “Promoción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas (PRNU) sobre las empresas y los derechos humanos en el sector tecnológico”, donde también participaron organizaciones de Nigeria, Brasil, Indonesia y Kenya.
Durante la sesión, Ferreyra expuso sobre los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (NAP) y el caso argentino. “Los PRNU ofrecen vías autorizadas para encaminar las demandas y esfuerzos de varios actores sobre la integración de las tecnologías digitales a los compromisos con los derechos humanos y el estado de derechos. Se basan en tres pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los DD.HH, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la obligación conjunta de remediar los daños.”, expresó. Y agregó: “Es por ello por lo que nuestro trabajo en la ADC se orienta a promover los PRNU tanto en el sector público como en el privado”.
Luego, el investigador señaló que si bien en 2014 la ONU hizo un llamado a todos los Estados miembros para desarrollar sus Planes de Acción Nacionales, la Argentina carece de un Plan al día de hoy, aunque se comenzó un proceso en ese sentido en 2017 que aún no finalizó.
Al cierre del panel, Ferreyra agregó que, en lo que respecta a Argentina, una de las cuestiones más preocupantes es que “la mayoría de las compañías tecnológicas que operan no tienen sus oficinas centrales en el país al mismo tiempo que muchas de las tecnologías de vigilancia que se aplican son fabricadas en el extranjero”. Y concluyó: “Esto es un problema, porque se puede impulsar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, pero al no encontrarse aquí las empresas se dificulta el hacerlo cumplir”.
