3 miradas sobre las herramientas de extracción forense de teléfonos celulares
En el marco del trabajo de la investigación ¿Quién revisa tu teléfono? – Parte 2, publicado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), convocamos a tres especialistas en derecho y tecnología para que compartan su perspectiva sobre cuál es el estado de situación respecto al uso de las herramientas de extracción forense de información de dispositivos móviles.
Durante los procedimientos penales e investigaciones criminales las fuerzas de seguridad emplean estas herramientas para revisar y peritar teléfonos celulares. Estas prácticas no escapan a las problemáticas que acarrean, en la actualidad, la toma de evidencias digitales y el respeto de las garantías y el debido proceso.
Para contar con distintas miradas sobre estas cuestiones, conversamos con Gustavo Aboso, defensor oficial en lo Penal, Contravencional y Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires; Matías Werner, abogado especializado en Cibercrimen y Evidencia Digital; y Javier Bura Peralta, abogado, investigador digital forense en la Red Latinoamericana de Informática Forense y director del Área de Investigación Forense del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático (IADPI).
Anomia y desconocimiento
Desde su rol en el Poder Judicial porteño, el defensor Gustavo Aboso se refirió al estado de las regulaciones argentinas sobre el procedimiento penal en el entorno digital en términos de protección de garantías constitucionales. “El principal problema es la anomia, porque no existen, en general, dispositivos que regulen la incautación de datos, sumado a la falta de información sobre el uso de programas o algoritmos que acoten la búsqueda de datos en relación con el con el objeto del proceso”, señaló.
En tanto que, sobre los inconvenientes que se observan en el uso de las mencionadas herramientas de extracción forense en el procedimiento penal, Aboso dijo: “En general, hay un grado de desconocimiento superlativo, porque recién ahora se plantea la improcedencia de las medidas vinculadas con el secuestro de dispositivos electrónicos, incautación de datos y la pericia informática”. “No existe en la defensa pública un área especializada en la temática, como sí la hay en la fiscalía con las fiscalías especializadas”, apuntó el abogado.
Dada la complejidad que reviste la temática -tanto desde la tecnología como el Derecho- es central que las y los operadores judiciales tengan un nivel razonable de conocimiento de las diversas problemáticas que se observa en el uso de las ya mencionadas herramientas de extracción de datos. Al respecto, el defensor Gustavo Aboso puntualizó que “sería esperable una regulación especial, que atienda a la naturaleza del delito”.
Además, el abogado hizo foco en la necesidad de una homologación de los programas que se utilizan con control de las partes y destacó que “la cuestión del tiempo de búsqueda en los datos representa un dato a considerar”. “Hoy se depende del software que la institución haya podido adquirir para investigar el hecho”, concluyó Aboso.
Más capacitación
Con una mirada basada en su experiencia como experto en seguridad digital y editor de un medio especializado, Matías Werner destacó que, en lo que hace al estado de las regulaciones en el país, varias provincias hayan sumado normativa sobre evidencia digital a su legislación procesal. “Algunas con mayor precisión y otras con una redacción bastante amplia, porque aportan herramientas pero generan nuevos problemas y es allí donde creo que se da el conflicto con la protección de garantías constitucionales”, diagnosticó Werner.
Por esta razón, el especialista consideró que la puesta en marcha de una regulación específica sobre evidencia digital en el proceso penal se hace muy necesaria y “es una deuda pendiente a nivel federal”.
Con respecto a las problemáticas que se perciben en el uso de las herramientas de extracción en el proceso penal, Werner consideró que “las cuestiones giran más en torno a los criterios de admisibilidad de la prueba obtenida por las herramientas de extracción que su uso en sí”.
Entre otros aspectos relevantes, el abogado puntualizó que la prueba alojada en los dispositivos es cada vez más voluminosa. “Esto da lugar al uso de ´criterios de búsqueda´, como el uso de palabras clave para delimitar la pesquisa”, expresó. Y agregó que también hay que tener en cuenta lo que sucede con los hallazgos de pruebas de un delito distinto del que se está investigando y si resulta pertinente aplicar la doctrina plan view (a simple vista) o de “hallazgo casual”.
En lo que hace al nivel de conocimiento y conciencia de estas problemáticas por parte de los operadores judiciales, Werner señaló que, aunque cada vez más se familiarizan con el uso de las herramientas de extracción, sigue haciendo falta una mayor capacitación.
El experto, por último, compartió cuatro recomendaciones en vistas a un mejor uso de las herramientas en el marco del debido proceso:
- Que juzgados, fiscalías, defensorías y estudios jurídicos se integren de equipos con mayor interdisciplinariedad.
- Que se sume, a los jurídicos, el aporte de perfiles más técnicos, ligados a la tecnologías y la ciencia forense.
- Que profesionales del derechos continúen capacitándose para comprender cómo funcionan las herramientas de extracción.
Software no adecuado
Para el investigador digital forense Javier Bura Peralta, las regulaciones argentinas sobre el procedimiento penal en el entorno digital, son variables conforme la jurisdicción. “Muchos códigos procesales tienen escasa o nula regulación en lo referente a la tutela digital de garantías constitucionales”, detalló el especialista. Al mismo tiempo, puntualizó que hay códigos procesales como el de Río Negro que son mucho más minuciosos al momento de vincular de manera adecuada la preservación de la evidencia digital en consonancia con garantías constitucionales.
“Lo que observo permanentemente en lo que hace a las herramientas con las que cuenta el Estado para manipular la extracción forense de evidencia es que los software no son los adecuados a utilizar o muchas veces están desactualizados o con sus licencias vencidas”, reveló Bura Peralta.
Trazando un estado de situación sobre el nivel de conocimiento de estas problemáticas por parte de los operadores judiciales, el investigador precisó: “Es escaso o nulo. Excepto en los operadores de las fuerzas de seguridad que, en la mayoría de los casos y dependiendo del presupuesto de cada provincia, cuentan con una capacitación adecuada”.
“Mucha agua ha de correr, tinta jurisprudencial incluida, para lograr una adecuada comprensión de la existencia, el respeto y la aplicación de la normativa específica por parte de absolutamente todos los operadores judiciales”, destacó.
Para concluir, como recomendación para un mejor uso de las herramientas de extracción en el marco del debido proceso, Bura Peralta subrayó la necesidad de una capacitación “continúa, profesional, adecuada y permanente”.