El Examen Periódico Universal: una oportunidad única para mejorar la situación de los derechos humanos en Argentina
Los derechos humanos son uno de los pilares fundamentales de la Argentina y este 23 de enero el país será evaluado una vez más en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. Se trata de una oportunidad única para hacer frente a algunos de los peligros que todavía persisten sobre ellos y para mostrarle a la comunidad internacional el compromiso del país con el tema. Desde la Asociación por los Derechos Civiles alentamos al Estado argentino a aceptar las recomendaciones propuestas o realizar compromisos voluntarios en consecuencia, y continuar fortaleciendo la defensa de una de las bases de nuestra democracia.
Esta es la cuarta vez que Argentina será evaluada en el marco del EPU, abriendo la posibilidad de que el país participe del proceso, reciba recomendaciones por parte de otros países y se comprometa a mejorar la situación de los derechos humanos.
Para la ADC el proceso es clave y la organización tiene un fuerte compromiso con él, ya que fue diseñado para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos. Es por esto que ha provisto información a la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) en ciclos anteriores y volvió a hacerlo el año pasado, mediante la presentación de una contribución individual, una junto con Privacy International y otra en colaboración con IFEX ALC. Además, acompañó otras dos contribuciones en coalición; una con Access Now y la otra junto a Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Sur Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano.
Se espera que el próximo 23 de enero representantes de diversos países le extiendan al Estado argentino preguntas y recomendaciones en base a ellas.
Tres puntos en conflicto
Las presentaciones de la ADC en este marco pusieron el foco en tres preocupaciones centrales:
- La falta de designación de un Defensor o una Defensora del Pueblo de la Nación, cuya acefalía data desde el 2009. Se trata de una situación irregular en la que el Congreso de la Nación incumple con su mandato constitucional. Pedimos que se revierta esta situación que produce una fuerte vulnerabilidad institucional, dejando a la población en un estado de indefensión en relación a sus derechos.
- La protección de la privacidad en tecnologías de vigilancia, en especial la expansión de los sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos, las vulnerabilidades de seguridad en las bases de datos públicas, las herramientas de extracción de teléfonos móviles (MPE) y datos de salud. Ante el aumento de inquietudes por parte de la sociedad civil, pedimos que se prohíba el uso de tecnologías de reconocimiento facial para vigilancia y que se actualice un marco legal de protección de datos que se alinee con estándares internacionales en derechos humanos.
- Amenazas a la libertad de expresión y la libertad de asociación en el ámbito digital. Entre otras cuestiones, pedimos que se evalúe al “ciberpatrullaje” a la luz de estándares de derechos humanos y que se creen mecanismos para controlar que las fuerzas policiales no realicen labores de inteligencia en redes sociales.
En forma complementaria a las contribuciones escritas, la ADC realizó tareas de incidencia durante las pre-sesiones 42° organizadas por UPR Info y celebradas en el Palacio de la Naciones, Ginebra, Suiza, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2022.
¿Qué es el EPU?
El Examen Periódico Universal es un proceso especial para revisar en forma periódica y promover la mejora de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas. En periodos de cuatro años y medio, cada uno de los Estados es evaluado en materia de derechos humanos por los demás. Anualmente se examina individualmente a 42 países en grupos reducidos durante tres sesiones.
El EPU es un proceso circular que comprende tres etapas. La primera de ellas es la evaluación en sí sobre el estado de los derechos humanos en el país examinado. La segunda es la implementación por parte de este último de las recomendaciones recibidas por los otros países y los compromisos asumidos voluntariamente en la etapa anterior para mejorar la situación de los DD.HH. Por último, el Estado examinado debe presentar la información correspondiente a la etapa anterior en la revisión siguiente.
La instancia de evaluación consiste en un diálogo interactivo entre el Estado examinado y los demás, con base en un informe nacional presentado por el primero y las respuestas por escrito a las preguntas efectuadas anticipadamente por los demás. En forma complementaria, la revisión se efectúa tomando en cuenta otros dos insumos preparados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH): un documento que compila información provista por los órganos de tratados, los procedimientos especiales y agencias de las Naciones Unidas, y un otro que reúne la información enviada por la sociedad civil.
Al finalizar la instancia de revisión se adopta un “informe final” que contiene un resumen del diálogo interactivo, las recomendaciones efectuadas por los demás países, indicando sí el Estado examinado las acepta o toma nota de ellas, y los compromisos efectuados voluntariamente por este último.
