Normalización técnica: un pilar clave para una gobernanza tecnológica respetuosa de los derechos civiles
En un mundo cada vez más mediado por las tecnologías digitales y emergentes, las sociedades experimentan serias dificultades para establecer procesos efectivos de gobernanza. En este escenario, los estándares técnicos y organismos de normalización juegan un rol crucial que, con frecuencia, pasa desapercibido.
Estas normas que definen cómo operan e interactúan los sistemas tecnológicos también condicionan, de manera directa e indirecta, el disfrute de los derechos fundamentales. Sin embargo, estas implicancias suelen quedar relegadas o ser ignoradas en los procesos de estandarización y en la actuación de los organismos encargados de ello.
Por esta razón, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) incorporó hace ya algunos años, la normalización técnica en su agenda de trabajo, participando en iniciativas de organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, en inglés). El compromiso con una estandarización técnica respetuosa de los derechos y libertades civiles le ha permitido profundizar la reflexión en este ámbito, dando lugar en esta ocasión a una serie de cuatro artículos que exploran distintas dimensiones de esta temática.
Este primer artículo explora la compleja relación entre la estandarización técnica, las dinámicas geopolíticas y los derechos fundamentales, con un foco en la UIT. A través de este recorrido, busca ofrecer una visión amplia respecto a la creciente importancia de proteger los derechos civiles y humanos en este ámbito, así como, exponer ciertos desafíos y oportunidades para que actores de la sociedad civil, como la ADC, incidan para ello en estos procesos globales.
La segunda entrega abordará la relación entre las normas técnicas y la accesibilidad digital. Por su parte, la tercera y cuarta entrega analizarán los estándares para una navegación segura en internet y la protección de los derechos de las personas consumidoras en el comercio electrónico.
La relación entre la estandarización técnica, las dinámicas geopolíticas y los derechos fundamentales
En general, se puede definir a los estándares técnicos como acuerdos documentados que establecen las condiciones mínimas y repetibles que deben cumplir productos, procesos o servicios para cumplir con su propósito. Ahora bien, aquí nos referimos específicamente a aquellos relacionados con tecnologías digitales y emergentes.
Estos estándares son esenciales para garantizar aspectos como la interoperabilidad, la seguridad y la accesibilidad tecnológica. Aunque su adopción suele ser voluntaria, se encuentra ampliamente extendida ya que tienen un impacto decisivo al orientar el funcionamiento de los mercados, facilitar el comercio internacional y, regularmente, ser incorporados a legislaciones o políticas públicas como requisitos obligatorios o pruebas de cumplimiento normativo. Así, la estandarización técnica trasciende lo operativo para cumplir funciones reguladoras y normativas, con implicancias sociales, influyendo en cómo las personas acceden y ejercen sus derechos.
Lejos de estar alejadas de las tensiones geopolíticas, las normas técnicas representan -cada vez- herramientas estratégicas de poder e influencia global, siendo claves en la competencia tecnológica entre potencias como Estados Unidos y China. Esta rivalidad motiva diversas maniobras para influir en organismos como la UIT, con el objetivo de influir en la configuración del liderazgo y la gobernanza tecnológica global.
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce los beneficios de estas normas internacionales pero limita el reconocimiento oficial a instituciones como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y la UIT, excluyendo a otras entidades relevantes como el IEEE y el Consorcio World Wide Web (W3C), entre otras.(1) Aunque el presente artículo se centra en la UIT, es importante reconocer la creciente relevancia de estas organizaciones “cuasi-oficiales” en el desarrollo de las reglas tecnológicas.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones en el centro de la escena
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Es una institución única en el sistema multilateral debido a su modelo de asociación público-privada, que le permite contar con 193 países miembros, casi todos los reconocidos internacionalmente, y más de 700 entidades del sector privado e instituciones académicas. Con sede en Ginebra, Suiza, y 12 oficinas alrededor del mundo, la UIT desempeña un rol central en la elaboración de estándares técnicos globales.
Los miembros de la UIT incluyen a actores claves del ecosistema tecnológico global, como grandes fabricantes, operadores internacionales e instituciones de investigación científica. Sus actividades se organizan en tres sectores clave: Radiocomunicaciones (UIT-R), Normalización (UIT-T) y Desarrollo (UIT-D), donde los Estados y actores privados colaboran activamente en la toma de decisiones y en las comisiones de estudio.
Sin embargo, los procesos de normalización gradualmente han dejado de ser sólo técnicos para convertirse en escenarios profundamente marcados por las dinámicas geopolíticas. Las potencias globales tienden a utilizar estos espacios para avanzar en sus propios objetivos tecnológicos, por lo que no es extraño, que los derechos humanos resulten desplazados frente a intereses estratégicos, económicos y de poder.
La UIT, tradicionalmente, estuvo liderada por los Estados Unidos y Europa, pero en las últimas décadas países asiáticos como Japón, Corea del Sur y, especialmente, China, han desafiado esta preeminencia.(2)
China, en particular, ha intensificado su participación alineándose con iniciativas como “Made in China 2025”, cuyo objetivo es reducir su dependencia tecnológica de Occidente y consolidarse como una superpotencia tecnológica. Este cambio refleja una reconfiguración de la competencia en estándares internacionales, que también ha llevado a Europa a revisar su papel en un escenario dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China (Creemers, 2021; Malkin, 2020)
El interés de China por la UIT quedó evidenciado con la elección de Zhao Houlin como Secretario General, cargo que ocupó durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2022. Antes de asumir este cargo, Zhao había desempeñado funciones clave como Vicesecretario General y Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones. (ITU, s.f.f.; CGT EN, 2018).
En ambas instancias el candidato chino resultó electo sin oposición, por una inmensa mayoría de países. Esto significó un extenso consenso internacional sobre su candidatura y la confianza depositada, tanto en su experiencia técnica como diplomática dentro de la UIT.
Durante su mandato como Secretario General, Zhao Houlin promovió una colaboración más estrecha de la UIT con China, lo que suscitó cuestionamientos sobre su imparcialidad. Bajo su liderazgo, la UIT firmó un memorando de entendimiento con China en el marco de la iniciativa Cinturón y Ruta (BRI) y la Ruta Digital de la Seda, con el objetivo de apoyar a más de 60 países en desarrollo, principalmente en Asia, África y América Latina para mejorar su infraestructura y conectividad. Aunque estas alianzas suelen ser comunes para fomentar la cooperación internacional, algunos autores han señalado que la UIT no evaluó de manera suficiente las posibles intenciones de China de consolidar un control dominante sobre el futuro de las telecomunicaciones (Lott, 2023).
Al mismo tiempo, empresas chinas como Huawei, ZTE, Dahua Technology y China Telecom incrementaron su participación en la UIT. No obstante, algunas de sus iniciativas generaron controversias, cómo cuando en 2019 presentaron propuestas para establecer especificaciones internacionales sobre tecnologías de vigilancia, tales como el reconocimiento facial y la videovigilancia urbana que, según trascendió, traspasan lo meramente técnico. Este episodio suscitó gran preocupación en torno a los posibles impactos negativos en los derechos humanos y las libertades individuales de dichas propuestas; y a pesar que no fueron adoptadas, llamaron la atención sobre una estrategia más amplia de China para posicionarse como creadora y exportadora de estándares globales (Financial Times, 2019). Lo que consecuentemente, generó inquietudes respecto a que la influencia china en los estándares internacionales refuerce modelos autoritarios de gobernanza tecnológica.
En paralelo a la intensificación del interés chino por la UIT, otras potencias globales han reforzado su presencia en este organismo. Estados Unidos, por ejemplo, en 2017, incluyó al organismo en su Estrategia de Seguridad Nacional (3). Más tarde dicho país respaldó la elección de la estadounidense Doreen Bogdan-Martin como Secretaria General en 2022. Este hecho marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar la UIT, consolidando una victoria clave para las democracias occidentales. Bogdan-Martin obtuvo el aval de 139 países, frente a 25 que apoyaron a su competidor Rashid Ismailov, ex viceministro de Telecomunicaciones de Rusia y ejecutivo de Huawei.
Según fuentes no oficiales, la mayoría de los países de América Latina, incluida Argentina, habrían respaldado a Bogdan-Martin en su candidatura. Este resultado reflejó una combinación de varios factores, entre ellos, las tensiones derivadas del recrudecimiento de la invasión de Rusia a Ucrania, que exacerbaron las divisiones entre países alineados con democracias occidentales y aquellos más cercanos a Rusia y China. Además, Bogdan-Martin promovió una visión centrada en el fortalecimiento de los valores democráticos en la gobernanza tecnológica y la inclusión socioeconómica, lo cual resonó con los intereses de numerosas naciones tanto de occidente como en desarrollo.
Siguiendo esta tendencia, tanto el G7 como el Consejo de Comercio y Tecnología entre Europa y Estados Unidos han comenzado a priorizar la estandarización técnica como un tema estratégico, reconociendo que su influencia va directamente ligada a los intereses geopolíticos y de seguridad (Real Instituto Elcano, 2020).
De igual manera, el bloque BRICS+, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora ampliado a Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos ha demostrado un interés creciente por influenciar la gobernanza global de las tecnologías, especialmente en ámbitos clave como la estandarización técnica. Algunos estudios sugieren que el BRICS+ buscar utilizar organismos como la UIT para proyectar “poder blando” y fomentar un orden multipolar que desafíe la hegemonía tradicional de los Estados Unidos y Europa en la gobernanza de tecnologías digitales y emergentes (Middle East Council on Global Affairs, 2023; Friedrich-Ebert-Stiftung, n.d.).
Por su parte, la India asumió un notorio protagonismo al ser el anfitrión de la última Asamblea Mundial de la Normalización de las Telecomunicaciones (WTSA) celebrado en Nueva Delhi el pasado octubre. En este evento, de gran importancia para la UIT, se discutieron políticas y las estrategias de normalización técnica que definirán la evolución de las tecnologías globales y su impacto sobre cuestiones como la privacidad y la seguridad en el contexto de las telecomunicaciones.(4)
Lo expuesto hasta aquí sirve para mostrar cómo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha emergido como un actor clave en la geopolítica global y en la intersección crucial entre la gobernanza tecnológica y los derechos humanos. La necesidad de la preeminencia de estos derechos frente a los desafíos de la era digital no solo viene siendo señalada por la sociedad civil, sino también por varios Estados miembros, que han solicitado que los procesos de establecimiento de normas técnicas adopten un enfoque basado en los derechos humanos.(5)
Derechos Humanos y Estandarización Técnica: una encrucijada estratégica para la gobernanza tecnológica
La creciente competencia por el liderazgo tecnológico global y la influencia de potencias como Estados Unidos y China sobre la UIT refuerzan la necesidad de profundizar en la intersección entre la normalización técnica, la gobernanza tecnológica y los derechos humanos.
Tal es así, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2021 la resolución 47/23, que destaca la urgencia de adoptar un enfoque integral y coordinado para abordar los efectos de las tecnologías digitales nuevas y emergentes sobre los derechos humanos, enfatizando la importancia de una colaboración más efectiva entre actores clave para enfrentar los desafíos, oportunidades y riesgos asociados.
A través de esta resolución, la Oficina del Alto Comisionado tuvo a su cargo, la organización de consultas sobre la relación entre los derechos humanos y la estandarización técnica de las tecnologías digitales emergentes, así como sobre la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en el sector tecnológico. La Oficina también recopiló los aportes y elaboró un informe que refleja de manera exhaustiva los debates generados (6).
En las consultas con especialistas, la ADC participó activamente presentando su testimonio experto. Allí, destacó la relevancia de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos, señalando al mismo tiempo que su participación en los procesos de normalización de la UIT sigue siendo limitada, debido a barreras como la falta de recursos y, principalmente, su restrictivo sistema de membresía y adhesiones del organismo.(7)
A mediados de 2023, el ACNUDH presentó ante el Consejo el informe sobre la relación entre los derechos humanos y las normas técnicas. El documento identifica varios obstáculos para la integración de los derechos humanos en los procesos de normalización que también fueron señalados por la ADC. Entre ellos, la limitada experiencia y capacidad de las organizaciones de normalización, que suelen priorizar aspectos técnicos sin considerar sus implicaciones éticas. Así como la escasa representación de especialistas en derechos humanos que restringe una visión más amplia en el diseño de las normas y una persistente resistencia institucional basada en la idea de que incorporar consideraciones de derechos humanos podría comprometer la eficiencia o aumentar los costos, especialmente en el sector privado. Además, los procesos de normalización son poco transparentes y las barreras económicas, lingüísticas y culturales excluyen a diversos actores, como los propios países del Sur Global.
Respecto a las organizaciones de la sociedad civil el informe señala que, aunque la UIT permite una afiliación amplia, en la práctica sólo un número limitado de organizaciones de la sociedad civil participan activamente en las comisiones de estudio. Esto último se debe a que los Estados miembros pueden bloquear la adhesión de actores no estatales. Sin embargo, el informe omite mencionar que, tal situación está respaldada por los propios términos de la Convención y las Normas de Procedimiento de la UIT.
Para superar estos desafíos, el ACNUDH señala que se deberán transformar los procesos desde su base incorporando los principios de las partes interesadas y haciendo los procedimientos más transparentes, abiertos e inclusivos. En este marco, también anunció un proyecto orientado a involucrar activamente a las organizaciones de normalización, los Estados y la sociedad civil, con el fin de integrar los derechos humanos en la elaboración de normas técnicas y proporcionar información actualizada sobre los avances en tecnologías emergentes. Aunque este proyecto propone un enfoque prometedor, es esencial que no se convierta en una solución ad hoc a la implementación de otras recomendaciones clave. Entre ellas, que organismos como la UIT adopten un enfoque más inclusivo, permitiendo una mayor participación de actores de la sociedad civil los procesos de normalización para garantizar una representación más equitativa y diversificada, y asegurar que las implicaciones sociales y éticas sean plenamente consideradas en el diseño de las normas. Como por ejemplo, la revisión y modificación de los términos de la Convención y las Normas de Procedimiento de la UIT.(8)
El informe tampoco considera cómo las tensiones geopolíticas podrían afectar la gobernanza de las normas técnicas y la implementación de las recomendaciones. La competencia por el liderazgo tecnológico global podría limitar la independencia de las organizaciones de normalización y obstruir aún más la participación de las múltiples partes interesadas en los procesos para priorizar intereses políticos o económicos sobre los derechos humanos.
Una mayor apertura de la UIT hacia la sociedad civil no solo es necesaria para avanzar hacia un modelo de gobernanza tecnológica respetuoso de los derechos humanos, también es estratégica y políticamente conveniente para contrarrestar los intereses dominantes de otros sectores. Este enfoque contribuiría a una gobernanza más equilibrada capaz de incorporar perspectivas consideradas de los derechos civiles y humanos.
Además, la UIT podría beneficiarse significativamente de la experiencia de organizaciones como la ADC, que, pese a no contar con filiación formal, han hallado formas innovadoras de participar. Entre ellas, a través de la colaboración con las delegaciones nacionales y las misiones permanentes, en asociación con instituciones académicas miembro, como observadoras en capacidad consultiva o tan solo participantes en eventos o iniciativas abiertas al público. La creatividad para superar las limitaciones de participación ha dado lugar a una renovada diplomacia civil, capaz de combinar capacidades técnicas con una visión estratégica e informada por el contexto, con un gran potencial para influir positivamente en una gobernanza tecnológica respetuosa de los derechos humanos.
En conclusión, para garantizar que las tecnologías digitales y emergentes se desarrollen de manera ética y respetuosa con los derechos fundamentales, es crucial que los procesos de normalización sean inclusivos, transparentes y reflejen la diversidad de intereses y perspectivas globales. La participación activa de la sociedad civil es indispensable para lograr un equilibrio que promueva un presente y un futuro tecnológico equitativo y sostenible.
Notas y referencias
- Delimatsis, Panagiotis, ‘Relevant International Standards’ and ‘Recognized Standardization Bodies’ under the TBT Agreement (September 2014). TILEC Discussion Paper No. 2014-031, Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=2489934 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2489934 - International Telecommunication Union. (n.d.). ITU ‘s historical timeline. Recuperado de https://itu150.org/news/itus-history-timeline/
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- LiveMint. (2024, marzo 7). “Narendra Modi emphasizes the need for ethical AI, cybersecurity, and data privacy”. Recuperado de https://www.livemint.com/news/narendra-modi-ethical-ai-cyber-security-privacy-data-localisation-jio-airtel-vodafone-idea-satellite-services-spectrum-11728992089500.html
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- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2023). “Llamado a aportes sobre la relación entre los derechos humanos y la elaboración de normas técnicas”: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-relationship-between-human-rights-and-technical-standard-setting
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2019). Conjunto de textos fundamentales de la UIT adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios. Recuperado de https://handle.itu.int/11.1002/pub/8112e178-en
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