Recorrido institucional 2025
Construyendo Puentes, Forjando el Cambio
Parte 1. Treinta años de mandato y un nuevo ciclo estratégico
El año 2025 ocupa un lugar muy singular en la historia de la Asociación por los Derechos Civiles. Por un lado, marcó el inicio pleno del ciclo estratégico 2025–2027 «Construyendo Puentes, Forjando el Cambio»; por otro, representó la conmemoración de treinta años de labor ininterrumpida desde su fundación en 1995.
Este aniversario, lejos de quedar reducido a un ejercicio conmemorativo o a una mirada retrospectiva nostálgica, constituyó una oportunidad para activar la memoria institucional como motor de proyección. Nos permitió revisar aprendizajes, reafirmar principios y consolidar una agenda capaz de dialogar con un contexto de transformaciones profundas para la sociedad civil, tanto en Argentina como a nivel global.
A lo largo de tres décadas, la ADC ha defendido los derechos y las libertades civiles, ha abogado por la independencia de los poderes del Estado y ha trabajado de manera sostenida por el fortalecimiento de la democracia. En los últimos años, ese compromiso histórico se expandió hacia un terreno decisivo, la gobernanza de la tecnología. En 2025, esta expansión se consolidó como una posición estratégica, con una misión y una teoría de cambio orientadas a intervenir en entramados de gobernanza complejos sin perder el anclaje en nuestros principios fundacionales.
Este recorrido institucional no pretende ser inventario de actividades. Más bien, busca ofrecer una lectura integrada de nuestra trayectoria, explicando desde dónde hablamos y actuamos, por qué priorizamos ciertos debates y cómo proyectamos nuestro trabajo.
Un contexto desafiante: tecnología, poder y desigualdades
El punto de partida del Plan Estratégico 2025–2027 es el reconocimiento de un desafío insoslayable, la aceleración tecnológica que transforma las formas en que se ejerce el poder, se toman decisiones y se distribuyen los beneficios y oportunidades que trae aparejados, a un ritmo que supera drásticamente la capacidad de reacción y respuesta de las instituciones democráticas. En consecuencia, este proceso tiende a desplazar la toma de decisiones trascendentales hacia ámbitos opacos, a menudo inaccesibles al control cívico.
Frente a este panorama, la ADC reconoce que la aceleración tecnológica no ocurre en el vacío. Se despliega en escenarios atravesados por crisis múltiples que profundizan desigualdades estructurales y se expresan en distintos planos. A la vez, las decisiones que moldean ese proceso se toman, en gran medida, en espacios de gobernanza transnacionales y fragmentados, y se ven condicionadas por dinámicas de concentración de poder que influyen en la definición de agendas, estándares y marcos de actuación, lo que limita seriamente la eficacia de las respuestas y los enfoques puramente nacionales. Adicionalmente, incidir en este campo exige conocimientos especializados, lectura contextual y capacidad de articulación entre diversas dimensiones y saberes, que atraviesan lo jurídico, lo técnico, lo político y lo social, entre otros.
Durante 2025, estos supuestos se tradujeron en decisiones concretas en torno a la definición de prioridades. La ADC avanzó en una agenda temática más focalizada, orientada a intervenir de manera sostenida en los ámbitos donde se establecen reglas, prácticas, estándares y marcos de gobernanza con impacto sobre los derechos y la democracia.
Treinta años construyendo confianza y credibilidad
A lo largo de su historia, la identidad de la ADC se ha forjado en un espíritu de vanguardia y en una práctica sostenida de la abogacía. Esta trayectoria, marcada por la independencia, la capacidad de diálogo y la adaptación a entornos cambiantes, constituye hoy uno de los principales activos de la organización y le permite actuar como puente entre actores diversos, sin perder autonomía ni apartarse de sus principios y convicciones.
En particular, a lo largo de los últimos años la ADC fue profundizando un enfoque de análisis que, en primer lugar, dejó de escindir lo analógico de lo digital en la comprensión y defensa de los derechos, y que progresivamente incorporó a las tecnologías digitales y emergentes como una dimensión cada vez más determinante para el funcionamiento del sistema democrático, el Estado de Derecho y las formas en que los derechos se ejercen (o se ven limitados).
Esta experiencia acumulada fue clave para consolidar, en 2025, una coherencia institucional alineada con nuestras definiciones estratégicas. El ciclo iniciado el año pasado se apoyó en esos aprendizajes para afirmar la gobernanza tecnológica como una extensión natural de nuestro mandato histórico. En este sentido, el trigésimo aniversario trascendió la conmemoración y se constituyó en una reafirmación de nuestra misión de promover y defender derechos en un escenario donde infraestructuras técnicas, arreglos institucionales y decisiones de alcance global inciden de manera directa en su definición y ejercicio.
En 2025, esta identidad encontró una expresión concreta en la continuidad del compromiso histórico de la ADC con la división e independencia de los poderes del Estado y el fortalecimiento de los sistemas de justicia. A lo largo del año, el diálogo sostenido con operadores judiciales, colegios de abogados y organizaciones especializadas permitió impulsarpermitió impulsar debates sobre la adopción de innovaciones en el sistema de justicia, respetuosas de los principios republicanos y atentas a evitar nuevas barreras de exclusión. Desde allí, la ADC reafirmó una trayectoria consistente de defensa de la autonomía judicial y del control democrático del poder, también en los cruces cada vez más relevantes entre justicia y tecnologías digitales y emergentes.
Parte 2. Estrategia, enfoque y capacidades para incidir
Nuestra labor se guía por la convicción de que incidir en los procesos de gobernanza tecnológica es una condición necesaria para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y reducir asimetrías. En 2025, esta premisa se plasmó en una apuesta por articular producción de conocimiento aplicado, construcción de comunidad e incidencia estratégica a través de la diplomacia civil.
En ese marco, la ADC se propuso avanzar en la producción de conocimiento aplicado y sensible al contexto, con capacidad de dialogar con comunidades y actores clave de diversos sectores, sin perder rigor ni perspectiva crítica. Al mismo tiempo, buscó desarrollar dinámicas de articulación y canales de comunicación que permitan vincular debates globales con realidades locales, como parte de una práctica de diplomacia civil en consolidación.
Lograr estos objetivos exigió en 2025 una adecuación deliberada de nuestro esquema organizacional. El despliegue de la nueva planificación estratégica no se limitó solo a lo temático; también estuvo acompañado por una adecuación de nuestros modos de trabajo en pos de ganar mayor eficacia, asertividad y sostenibilidad.
En ese marco, la ADC avanzó en el pasaje de una estructura predominantemente matricial (organizada en áreas de trabajo y líneas temáticas) hacia una proyectizada, con el objetivo de ordenar y focalizar su intervención en esfuerzos coordinados y acotados en el tiempo, alineados con prioridades estratégicas concretas.
El funcionamiento de esta estructura descansó en un equipo ejecutivo con capacidad de liderazgo y en la consolidación de una red de colaboradores especializados, que permitió ampliar la capacidad de intervención de la ADC sin comprometer su autonomía. Este cambio respondió a la necesidad de operar con mayor agilidad y precisión frente a agendas complejas, sin perder la mirada transversal que caracteriza a la organización ni su capacidad de articular distintas dimensiones de trabajo.
Esta lógica de organización se expresa de manera concreta en la creación y puesta en marcha de tres artefactos estratégicos, que funcionan como plataformas para ordenar alcances, articular escalas y permitir el tránsito y ajuste de líneas de trabajo entre ellos, sin perder foco ni coherencia programática. La Aceleradora para la Gobernanza Tecnológica Impulsada por los Derechos Civiles, el Centro de Pensamiento y Acción para la Gobernanza Tecnológica y los Grupos de Trabajo de Gobernanza Tecnológica y Diplomacia Civil.
En conjunto, estas decisiones organizacionales constituyeron una condición habilitante para la agenda desplegada durante 2025. La estructura proyectizada, los artefactos estratégicos, el equipo ejecutivo y una red de colaboración con conocimientos especializados conformaron el andamiaje institucional que hizo posible los hitos del año.
Parte 3. Qué hicimos: una agenda integrada de gobernanza tecnológica
La transparencia, la rendición de cuentas y la interoperabilidad normativa guiaron de manera transversal el abordaje temático de la agenda desarrollada durante 2025. Lejos de operar como nociones abstractas, estos principios se tradujeron en criterios de acción que dieron forma a la selección de los debates priorizados y orientaron la intervención institucional a lo largo del año.
Desde este enfoque, la transparencia y la rendición de cuentas se inscriben en una perspectiva que amplía sus formulaciones tradicionales. La transparencia se concibe como una exigencia de inteligibilidad frente a sistemas cada vez más complejos, mientras que la rendición de cuentas se entiende como la infraestructura de responsabilidad necesaria para resguardar la autonomía ciudadana.
Frente a la fragmentación normativa, la disparidad regulatoria y la creciente complejidad técnica, el abordaje de la ADC se orientó a la definición de reglas claras, responsabilidades precisas y mecanismos efectivos de control democrático. En este marco, la interoperabilidad normativa se afirmó como un requisito técnico necesario, pero también como una condición institucional para sostener la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales en contextos atravesados por infraestructuras, normas y decisiones de alcance transnacional.
De manera complementaria, la ADC incorporó en 2025 la vitalogía, la democracia y el bienestar como horizontes de sentido para abordar el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Estas nociones, arraigadas en tradiciones institucionales históricas, orientan nuestra mirada sobre cómo las transformaciones tecnológicas inciden en la dignidad, la autonomía y las condiciones de vida de las personas.
En este marco, la vitalogía (entendida como una perspectiva orientada a la búsqueda de armonía entre las personas, las tecnologías, las instituciones y los entornos en los que se desarrolla la vida) y el bienestar (concebido como el conjunto de condiciones materiales, sociales y simbólicas que hacen posible una vida digna y autónoma) funcionaron como claves interpretativas para evaluar los efectos concretos de las decisiones tecnológicas.
Desde esta perspectiva, el trabajo de la organización buscó conectar los debates sobre gobernanza tecnológica con experiencias situadas. La tecnología aparece así no como un fenómeno abstracto o autónomo, sino como un conjunto de decisiones, infraestructuras y prácticas institucionales que inciden de manera directa en los tiempos de la vida cotidiana, los cuerpos, los vínculos sociales y las posibilidades de agencia individual y colectiva.
Este enfoque permitió visibilizar que las decisiones tecnológicas no son neutrales y que pueden ampliar o restringir el bienestar, dependiendo de cómo se distribuyan responsabilidades, se diseñen los sistemas y se habiliten mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, la gobernanza tecnológica se entiende como un proceso profundamente político, en el que se juegan condiciones estructurales de inclusión, igualdad y confianza institucional.
En 2025, la ADC dio continuidad a una línea de trabajo histórica, integrando perspectivas de discapacidad y género en el desarrollo de su agenda de gobernanza tecnológica.
Las rondas de consulta, los espacios de intercambio y las instancias de trabajo vinculadas a programas de aceleración y grupos de trabajo funcionaron como ámbitos clave para incorporar estas miradas de manera temprana. El diálogo con comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y actores técnicos permitió enriquecer los procesos de toma de decisiones y fortalecer una concepción de la innovación como un proceso colectivo, orientado al cuidado de la vida y al interés público.
Este enfoque transversal reafirma la convicción de la ADC de que la tecnología debe estar al servicio de la vida, de instituciones democráticas más sólidas y de sociedades más justas, inclusivas y orientadas al bienestar de las personas.
En este marco, el trabajo de la ADC partió del reconocimiento de que es en ciertos ámbitos específicos donde hoy se están configurando, de manera particularmente intensa, los procesos de gobernanza tecnológica:
- Flujos transfronterizos y gobernanza de datos
Los datos se han consolidado como un recurso crítico para el desarrollo, la innovación y la provisión de servicios esenciales. Al mismo tiempo, se enmarcan en un espacio donde se configuran relaciones de poder, se distribuyen responsabilidades y se ponen en juego garantías fundamentales. En 2025, nuestro trabajo en este eje partió de comprender que la gobernanza de los datos se construye y se operacionaliza a través de una pluralidad de marcos, instrumentos y arreglos institucionales —que pueden adoptar la forma de normas, acuerdos, estándares, certificaciones, cláusulas contractuales u otros mecanismos— y que adquiere forma concreta en decisiones institucionales y capacidades organizacionales que operan en sectores estratégicos y en contextos locales.
Desde esta perspectiva, la forma en que los datos son recolectados, procesados, compartidos y utilizados —tanto dentro de las fronteras nacionales como a través de ellas— produce efectos directos sobre la autonomía de las personas, la calidad de los servicios públicos y privados y las posibilidades de construir modelos de desarrollo más equitativos. Estas dinámicas no responden a un único esquema de regulación o control, sino que emergen de la interacción entre múltiples actores, infraestructuras y marcos de decisión.
Durante 2025, orientamos nuestra intervención a acompañar y analizar procesos de innovación en sectores clave como la justicia, la educación, la salud y los sistemas productivos basados en datos. Estos ámbitos concentran oportunidades relevantes para la ampliación de derechos, al tiempo que presentan riesgos significativos asociados a la opacidad en el tratamiento de información sensible, la dependencia de infraestructuras privadas y la reproducción de desigualdades estructurales cuando no se integran criterios de responsabilidad y ética en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas.
En el plano internacional, sostuvimos una participación continuada en espacios especializados, consolidando una línea de trabajo que la ADC desarrolla desde hace años. En particular, formamos parte del Global CPBR Forum – Cross-Border Privacy Rules (Normas de Privacidad Transfronterizas, en español)- , un ámbito de referencia para el intercambio sobre flujos transfronterizos de datos, estándares y modelos de cooperación. Nuestra participación se orientó a aportar una mirada situada desde el Sur Global, y específicamente desde Sudamérica, subrayando que las dinámicas globales de datos impactan de manera diferenciada según las capacidades institucionales, los marcos regulatorios y los sectores involucrados, y que los debates internacionales requieren dialogar con las condiciones en las que se adoptan decisiones cotidianas.
Esta agenda se articuló con una participación activa en CPR Latam (Communication Policy Research Latam), una conferencia internacional de alto nivel enfocada en el estudio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en América Latina y el Caribe. En este espacio, contribuimos a incorporar una perspectiva interseccional que permite comprender cómo las brechas de género se expresan de manera diferenciada según los sectores y los contextos, afectando tanto la exposición a riesgos asociados al uso de datos como el acceso efectivo a mecanismos de protección y acompañamiento.
De manera complementaria, la ADC profundizó su trabajo en la dimensión local de la gobernanza de los datos, poniendo el foco en cómo las instituciones públicas y privadas toman decisiones en contextos de digitalización acelerada. En el ámbito de la educación superior, analizamos cómo la adopción de plataformas digitales, sistemas de gestión de datos e inteligencia artificial redefine responsabilidades institucionales, prácticas de cuidado de la información y vínculos de confianza con las comunidades educativas.
En relación con los sistemas de justicia, nuestra participación en el Congreso Regional de Justicia Abierta permitió profundizar el análisis de las tensiones entre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En ese marco, aportamos reflexiones sobre el uso de herramientas como la anonimización y la seudonimización, así como sobre los riesgos asociados a la reidentificación en procesos de digitalización judicial. Estas discusiones reforzaron la necesidad de avanzar hacia modelos de justicia más abiertos e inclusivos, en los que la gobernanza de los datos forme parte constitutiva de la legitimidad institucional.
Asimismo, durante 2025 impulsamos y acompañamos espacios de diálogo multisectorial orientados a problemáticas especialmente sensibles, como la gestión de datos en contextos de violencia digital y en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Estos intercambios permitieron fortalecer una agenda que articula privacidad, ciberseguridad y perspectiva de género, y aportaron insumos relevantes para mejorar las decisiones institucionales y las prácticas de cuidado de la información en sectores particularmente expuestos.
En conjunto, el trabajo desarrollado en este eje reafirma que la gobernanza de los datos debe entenderse como una práctica situada, que se construye en sectores concretos, en instituciones específicas y en la articulación entre escalas locales, regionales y globales. Lejos de tratarse de un campo puramente técnico o normativo, la gobernanza de los datos constituye un ámbito de acción central para fortalecer capacidades institucionales, distribuir responsabilidades y asegurar que la transformación tecnológica contribuya efectivamente al avance de los derechos fundamentales.
- Gobernanza de la inteligencia artificial
El abordaje de la ADC sobre la gobernanza de la inteligencia artificial se fue construyendo a partir de la experiencia acumulada y del análisis crítico de los espacios en los que intervenimos. Desde allí, trabajamos con una hipótesis que pone el foco en cómo los sistemas de IA se articulan con entramados institucionales, infraestructuras técnicas y relaciones de cooperación, y en cómo esas articulaciones inciden en su diseño, despliegue y efectos. La adopción de estas tecnologías plantea decisiones organizacionales, criterios de gestión del riesgo, prácticas de documentación y esquemas de asignación de responsabilidades que se desarrollan de manera distribuida entre actores públicos y privados, y que permanecen abiertos a revisión. En tiempos atravesados por alta complejidad técnica y por la dependencia de infraestructuras y estándares de alcance global, la gobernanza de la IA aparece así como un proceso en construcción, que requiere capacidades colaborativas y espacios de aprendizaje compartido.
A lo largo de 2025, la ADC sostuvo una participación continuada en espacios internacionales de referencia en gobernanza de la inteligencia artificial, consolidando una línea de trabajo iniciada en años anteriores. En el Internet Governance Forum 2025, celebrado en Oslo, contribuimos a los debates sobre transparencia algorítmica, interoperabilidad jurídica y mecanismos de rendición de cuentas, incorporando una mirada que sitúa a los derechos fundamentales como un eje estructural de la gobernanza tecnológica global.
Esta presencia se articuló con una participación activa en la Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) y en la Partnership on AI (PAI), dos ámbitos centrales para la cooperación multiactor y el desarrollo de prácticas compartidas en materia de IA responsable. En estos espacios, aportamos insumos técnicos vinculados a la evaluación de riesgos, la documentación de sistemas y la gobernanza de modelos avanzados, desde una perspectiva situada que reconoce las asimetrías de capacidades, los distintos grados de madurez institucional y los desafíos propios de Sudamérica.
Una pregunta atravesó de manera transversal nuestra participación en estos ámbitos: cómo ejercer la soberanía digital en un entorno profundamente interconectado. Desde la ADC, abordamos esta cuestión a partir de una comprensión de la soberanía digital que no se agota en nociones de autosuficiencia tecnológica. En contextos como el argentino, caracterizados por la inserción en ecosistemas de IA dependientes de estándares, infraestructuras y flujos globales, el foco se desplazó hacia el fortalecimiento de la capacidad de decisión informada, apoyada en esquemas de cooperación, transparencia institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
En este marco, desarrollamos una mirada crítica sobre la Infraestructura Pública Digital, entendida no solo como soporte de servicios esenciales, sino como un espacio en el que se definen modelos de gobernanza, responsabilidades compartidas y formas de participación democrática.
Un eje central de este trabajo fue la promoción de procesos de documentación de la inteligencia artificial como una práctica cooperativa de gobernanza. En continuidad con proyectos desarrollados junto a la Partnership on AI en años anteriores, contribuimos a iniciativas orientadas a sistematizar cómo se registran, analizan y supervisan los procesos de desarrollo, despliegue y auditoría de sistemas de IA. Estos esfuerzos apuntan a fortalecer la transparencia, facilitar la identificación de riesgos y brechas de gobernanza y consolidar condiciones de confianza en entornos tecnológicos complejos mediante mecanismos colaborativos.
El recorrido desarrollado en este eje da cuenta de una aproximación a la gobernanza de la inteligencia artificial entendida como una práctica situada, que se construye en espacios concretos de cooperación, en instituciones específicas y en la articulación entre escalas locales, regionales y globales. Lejos de concebirse como un campo cerrado o exclusivamente técnico, la gobernanza de la IA se presenta como un ámbito en el que se ponen en juego capacidades institucionales, formas de asignación de responsabilidades y mecanismos de control democrático.
- Economía digital y comercio electrónico
La expansión de la economía digital y del comercio electrónico continuó en 2025 como uno de los principales motores de transformación económica, con impactos crecientes en el país y la región. Al mismo tiempo, estos procesos se consolidaron como un espacio de disputa regulatoria con efectos directos sobre la competencia, la democracia y el bienestar social. La digitalización de los mercados redefine las reglas de juego, redistribuye poder económico y condiciona la capacidad de los Estados para proteger derechos y promover el interés público.
Desde una perspectiva de derechos, la ADC analizó de manera sistemática cómo los modelos de negocio de las plataformas digitales, las dinámicas de concentración económica y las decisiones adoptadas en espacios multilaterales inciden en la autonomía regulatoria de los países y en la calidad de sus instituciones.
A lo largo de 2025, sostuvimos una participación continuada en espacios internacionales de referencia en materia de políticas digitales y economía digital, en particular en el Comité de Políticas Digitales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos ámbitos permitieron aportar evidencia y análisis contextualizados para vincular prioridades nacionales y regionales con estándares internacionales, subrayando la necesidad de enfoques regulatorios que reconozcan las capacidades institucionales locales y eviten soluciones uniformes que no reflejan las realidades sudamericanas.
Esta labor se complementó con la participación en instancias de análisis y diálogo a nivel nacional, como el Comité de Economía Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). En estos espacios abordamos las implicancias de la digitalización del comercio, la competencia y la gobernanza de los mercados desde una perspectiva estratégica e interdisciplinaria, fortaleciendo puentes entre la agenda global y los debates locales.
El proceso de accesión de Argentina a la OCDE fue abordado como una oportunidad estratégica para fortalecer la calidad institucional y promover marcos de gobernanza tecnológica alineados con el Estado de derecho, la transparencia y un desarrollo digital inclusivo. En este contexto, prestamos especial atención al rol de los acuerdos de libre comercio, en particular a aquellas disposiciones vinculadas al comercio digital, a los flujos transfronterizos de datos y a los servicios basados en plataformas.
Estos instrumentos, cada vez más influyentes en la definición de políticas tecnológicas, pueden ampliar o restringir los márgenes de acción regulatoria de los Estados. Desde la ADC sostenemos que los acuerdos comerciales deben ser evaluados no solo en términos de eficiencia económica, sino también a la luz de sus impactos sobre la competencia, la protección de los derechos fundamentales, la protección de datos personales y el bienestar de las personas. En un entorno de creciente interdependencia comercial y tecnológica , resulta indispensable promover una articulación coherente entre políticas comerciales, regulatorias y de gobernanza, que preserve la capacidad de decisión democrática y habilite modelos de desarrollo más justos y sostenibles.
Parte 4. Profundizar una agenda de gobernanza tecnológica basada en derechos
El recorrido de 2025 reafirma la importancia de sostener una estrategia integrada y de largo plazo frente a un campo tecnológico en permanente transformación. A treinta años de nuestra fundación, la ADC renueva su compromiso con una agenda de gobernanza tecnológica basada en derechos fundamentales, transparencia y rendición de cuentas, entendiendo la gobernanza como una práctica situada que se construye a partir de decisiones, capacidades institucionales y cooperación sostenida entre actores diversos.
Las experiencias y aprendizajes del año consolidaron una forma de intervención que articula escalas locales, nacionales, regionales y globales, sin perder el anclaje en los contextos donde las tecnologías impactan de manera concreta en la vida de las personas. Esta articulación resulta central para fortalecer la capacidad de decisión democrática en escenarios atravesados por infraestructuras técnicas complejas, dinámicas transnacionales y asimetrías de poder persistentes.
De cara al próximo período, la ADC proyecta profundizar esta línea de trabajo fortaleciendo capacidades locales, ampliando espacios de colaboración multiactor y consolidando puentes entre debates globales y realidades nacionales. En particular, buscamos seguir contribuyendo a procesos de gobernanza tecnológica que integren conocimientos técnicos, jurídicos y sociales, y que prioricen la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y la ética.
En un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la incertidumbre, reafirmamos nuestra misión histórica de defender derechos, fortalecer la democracia y promover el bienestar colectivo. Incluso —y especialmente— cuando estos valores se ven definidos por infraestructuras técnicas y ecosistemas digitales de alcance global, la ADC continuará trabajando para que la tecnología esté al servicio de la vida y las personas, de instituciones democráticas sólidas y de sociedades más justas.
