Recomendaciones para la transparencia y anticorrupción en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia
A comienzos de abril, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Perú, diversas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana presentamos un documento con el fin de brindarle a los Estados americanos una serie de recomendaciones para enfrentar los problemas de corrupción y transparencia vinculados a la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia.
El documento, firmado por las organizaciones: IPANDETEC de Panamá, Hiperderecho de Perú, TEDIC de Paraguay, Derechos Digitales de Chile, Fundación Karisma de Colombia, R3D de México, Coding Rights de Brasil, y la ADC en Argentina, da un vistazo a determinados antecedentes ocurridos en la región, en donde vemos con preocupación cómo en los últimos años en nuestros países aumentan los casos de corrupción relacionadas con la adquisición de tecnologías de vigilancia. Aquello no es solo un problema de transparencia y rendición de cuentas de las compras públicas (que además alcanzan cifras millonarias), sino que, más grave aún, significa que a través de procesos corruptos y poco transparentes se está adquiriendo tecnología que posibilita la lesión grave de los derechos humanos de la ciudadanía.
Esta situación conlleva una serie de efectos nocivos, entre los cuales remarcamos: la malversación de dinero público; la corrupción en adquisiciones de la tecnología con dinero público; adquisiciones ilegales; espionaje y acoso a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas; y falta de transparencia y rendición de cuentas con información verificable.
En este contexto, debido al especial régimen legal que las actividades de vigilancia requieren en los Estados, y dada la afectación de derechos humanos que tales actividades implican, es importante proponer una serie de medidas particulares que estimamos debieran incorporarse en la gobernabilidad de los Estados para combatir la corrupción en este ámbito. De esta forma, las organizaciones proponemos:
- Transparentar información sobre la adquisición de tecnología de vigilancia;
- Transparentar información sobre el uso de tecnología de vigilancia;
- Control democrático de las actividades de vigilancia;
- Compromiso con la investigación independiente;
- Estimular un mercado transparente y apegado a los derechos humanos.
El documento completo puede accederse en el siguiente link.