La ADC y Observacom lanzaron la campaña “Tus derechos en internet”

El 9 de agosto la Asociación por los Derechos Civiles junto con el Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) lanzaron #TusDerechosEnInternet, una campaña que tiene como objetivo informar y concientizar a las personas usuarias de redes sociales sobre la moderación de contenidos y sus derechos en las plataformas.

En el lanzamiento expuso el líder de proyectos de la ADC Eduardo Ferreyra, quién manifestó que “la circulación del discurso en línea está fuertemente influenciada y condicionada por las reglas que las plataformas le imponen a ese flujo de contenidos”.  “¿Qué es lo que podemos ver y qué no? ¿Cuáles contenidos son removidos y cuáles no? ¿Qué contenidos ven su visibilidad ampliada o reducida? y ¿qué contenidos son declarados falsos o dudosos? Todas acciones que llevan adelante las plataformas y están estipuladas en su política de moderación de contenidos”, señaló el investigador.

“La campaña está dirigida a todo el público y cualquier persona que vea que sus derechos están afectados, ya sea por el diseño o por la aplicación de la política de moderación de contenidos, seguramente va a encontrar mucha información útil en esta iniciativa”, explicó además Ferreyra.

A continuación, Ferreyra se refirió a los desafíos que plantea la problemática: “Debido al inmenso poder que tienen las plataformas para la circulación del discurso online, se plantea el problema para la sociedad civil, y para cualquier persona interesada en los DD. HH., cuál es el justificativo por el cual se crean estas reglas y se las ejecuta”.

Por otra parte, el líder de proyectos señaló que en muchas ocasiones las reglas de moderación son aplicadas de manera “arbitraria, desigual, con poca información acerca de los fundamentos” y, en varios casos, el contenido mismo de las reglas “están en tensión o en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos”. Además, agregó, “es fundamental remarcar que las políticas de moderación de contenidos, aunque son legítimamente privadas, deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos”.

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